La ONU y la responsabilidad por la contaminación ambiental
El miércoles pasado, dos noticias aparecidas en la prensa local, hicieron impacto en la opinión pública nacional. El despacho de la Agencia EFE, proveniente de Nueva York, fue publicado por El Panamá América con el título: "Por incumplimiento en la limpieza de las bases Panamá acusa a EU ante la ONU". En esencia se dio a conocer que el Canciller de Panamá, José Miguel Alemán, "invocando el espíritu de cooperación internacional y el de la justicia", pidió la colaboración de la Asamblea General de la ONU, en una controversia con Estados Unidos, país al que acusó del "incumplimiento de sus obligaciones" sobre la limpieza ambiental de las antiguas bases norteamericanas, contaminadas con materiales tóxicos, explosivos y municiones no detonadas.
El Grupo de la Redacción del diario La Prensa presentó en sus columnas la información con el siguiente encabezamiento: "Panamá pide ayuda a la ONU para que EU limpie los polígonos". Según la noticia de "La Prensa", el Canciller Alemán, entregó "una nota formal" al Secretario General de la ONU Kofi Annan, explicando el incumplimiento de obligaciones por parte de los Estados Unidos. El despacho hace referencia al hecho de que sólo en Emperador, Piña y Balboa Oeste, hay -por lo menos- 105 mil artefactos no detonados. Se alude, además, a los sectores del territorio nacional contaminados por las fuerzas militares de los Estados Unidos con pesticidas, municiones no explotadas, fermento de las que explotaron y los depósitos subterráneos de desechos tóxicos y químicos. Asimismo declaró, que el Gobierno panameño le había dado suficiente tiempo a la vía diplomática y que por eso, había traído el tema a las Naciones Unidas.
Es justo reconocer que el señor Ministro de Relaciones Exteriores hizo en las Naciones Unidas un planteamiento de señalada importancia para la nación panameña, con el objetivo de que los Estados Unidos cumplan con limpiar los territorios panameños contaminados, de modo que se asegure que toda amenaza a la vida, la salud y la seguridad humanas sean efectivamente removidas de los sitios de defensa, los polígonos y las áreas de coordinación militar que fueron utilizadas por las fuerzas militares de los Estados Unidos hasta el 31 de diciembre de 1999.
No faltan quienes aducen que el pronunciamiento hecho por el Canciller panameño en el debate general ante la Asamblea de las Naciones Unidas y la Carta presentada al Secretario General Kofi Annan, para su circulación en el Consejo de Seguridad, cuyos textos no han sido publicados en Panamá, constituían gestiones irritantes para el Gobierno de los Estados Unidos que poco favorecerían su visita oficial a Washington, un día después. Como era de esperar, un alto funcionario del Departamento de Estado, expresó sorpresa y disgusto por la actitud del Canciller panameño, quien reafirmó su posición señalando que la decisión de llevar el tema a la ONU fue aprobada por la Presidenta Mireya Moscoso, por el Consejo de Gabinete, así como también por la firma de abogados norteamericana Arnold y Porter, que asesora al Gobierno de Panamá en este asunto. Agregó el Canciller, que también se está estudiando llevar el tema entre otros foros como el Grupo de Río y la Organización de Estados Americanos (OEA), así como recurrir a lo que él denominó mecanismos jurídicos.
Creo oportuno recordar que en un Foro sobre reversión y limpieza de las bases militares, efectuado en el Paraninfo de la Universidad de Panamá, el 16 de marzo de 1999, declaré que el saneamiento de las áreas contaminadas por las fuerzas militares de los Estados Unidos durante la mayor parte del presente siglo, es un problema de nuestro tiempo, cuya responsabilidad recae en el Gobierno norteamericano y que corresponde ser resuelto mediante la cooperación y no mediante la confrontación. Hace un par de meses en ocasión de la XXXVI Conferencia de la Federación Interamericana de Abogados, reunida en Panamá el 19 de junio de 2000, reiteré esta posición, expresando que sin ánimo de confrontación, porque entre Estados amigos las diferencias se resuelven por los medios pacíficos de solución de controversias, el Gobierno panameño y sobre todo la Cancillería panameña, debe tomar una actitud más vigorosa, presentándole a los Estados Unidos demandas concretas y técnicamente sustentadas, en primer término ante las instancias diplomáticas y paralelamente ante los foros regionales, ante los organismos internacionales y ante la opinión pública en general.
El Ministro José Miguel Alemán, se circunscribió en las Naciones Unidas a hacer una declaración en el debate general y a hacer entrega de una carta explicativa al Secretario General, que no podía ir más allá de su circulación entre los miembros del Consejo de Seguridad, sin otro propósito que el de la información. La Cancillería panameña ha dejado de utilizar otros medios, mecanismos y recursos que la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional ponen a su alcance. El Tratado del Canal de Panamá de 1977, que estuvo vigente hasta el mediodía del 31 de diciembre de 1999, en su artículo 14 sobre Arreglo de las Controversias, derivadas de dicho Tratado, establece que cuando las partes no pudiesen resolver un determinado asunto mediante los canales diplomáticos podrán, en casos apropiados, acordar someter el asunto a conciliación, mediación, arbitraje u otro procedimiento que mutuamente considerasen conveniente para el arreglo pacífico de la controversia. En armonía con esta disposición, el artículo 14 de la Carta de las Naciones Unidas, le confiere a la Asamblea General la atribución de "recomendar medidas para el arreglo pacífico de cualesquiera situaciones, sea cual fuere su origen, que a juicio de la Asamblea puedan perjudicar el bienestar general o las relaciones amistosas entre naciones".
Es evidente que el Canciller en nombre del Gobierno nacional, actuando diligentemente, pudo haber solicitado con 30 días de anticipación a la apertura de la Asamblea General de las Naciones Unidas, como lo autoriza el artículo 14 del Reglamento, la inclusión del tema de "la responsabilidad de los Estados Unidos por la Contaminación Ambiental de Panamá", para lo cual bastaba presentar junto con la petición, un memorándum explicativo y un proyecto de resolución en favor de la tesis panameña. Esta omisión era subsanable, sin tener que aguardar el inicio del próximo período de sesiones de la Asamblea General en septiembre del 2001. El artículo 15 del mismo Reglamento, prevé que durante el presente período ordinario de sesiones de la Asamblea General, se pueden incluir temas adicionales en el Programa de la Asamblea General para lo cual bastará el voto de la mayoría de los miembros presentes y votantes. No tengo la menor duda de que la justicia, el derecho, la equidad y la moral están de parte de la causa panameña, que tiene pleno apoyo en el Derecho Internacional General y Consuetudinario. Estoy seguro de que si la Cancillería panameña adelanta oportunamente gestiones, seriamente sustentadas, ante los Gobiernos del Grupo de Río, del Grupo Latinoamericano y del Caribe de las Naciones Unidas, de la Cumbre Iberoamericana, del Grupo de los 77 y de los Grupos Regionales, el tema del Saneamiento de las áreas contaminadas del territorio panameño, será incluido en el Programa del actual período de sesiones de la Asamblea General, con la consiguiente aprobación de una resolución de ese organismo, que tendría un impacto extraordinario en la opinión pública de los Estados Unidos y en la opinión pública mundial.
El Grupo de la Redacción del diario La Prensa presentó en sus columnas la información con el siguiente encabezamiento: "Panamá pide ayuda a la ONU para que EU limpie los polígonos". Según la noticia de "La Prensa", el Canciller Alemán, entregó "una nota formal" al Secretario General de la ONU Kofi Annan, explicando el incumplimiento de obligaciones por parte de los Estados Unidos. El despacho hace referencia al hecho de que sólo en Emperador, Piña y Balboa Oeste, hay -por lo menos- 105 mil artefactos no detonados. Se alude, además, a los sectores del territorio nacional contaminados por las fuerzas militares de los Estados Unidos con pesticidas, municiones no explotadas, fermento de las que explotaron y los depósitos subterráneos de desechos tóxicos y químicos. Asimismo declaró, que el Gobierno panameño le había dado suficiente tiempo a la vía diplomática y que por eso, había traído el tema a las Naciones Unidas.
Es justo reconocer que el señor Ministro de Relaciones Exteriores hizo en las Naciones Unidas un planteamiento de señalada importancia para la nación panameña, con el objetivo de que los Estados Unidos cumplan con limpiar los territorios panameños contaminados, de modo que se asegure que toda amenaza a la vida, la salud y la seguridad humanas sean efectivamente removidas de los sitios de defensa, los polígonos y las áreas de coordinación militar que fueron utilizadas por las fuerzas militares de los Estados Unidos hasta el 31 de diciembre de 1999.
No faltan quienes aducen que el pronunciamiento hecho por el Canciller panameño en el debate general ante la Asamblea de las Naciones Unidas y la Carta presentada al Secretario General Kofi Annan, para su circulación en el Consejo de Seguridad, cuyos textos no han sido publicados en Panamá, constituían gestiones irritantes para el Gobierno de los Estados Unidos que poco favorecerían su visita oficial a Washington, un día después. Como era de esperar, un alto funcionario del Departamento de Estado, expresó sorpresa y disgusto por la actitud del Canciller panameño, quien reafirmó su posición señalando que la decisión de llevar el tema a la ONU fue aprobada por la Presidenta Mireya Moscoso, por el Consejo de Gabinete, así como también por la firma de abogados norteamericana Arnold y Porter, que asesora al Gobierno de Panamá en este asunto. Agregó el Canciller, que también se está estudiando llevar el tema entre otros foros como el Grupo de Río y la Organización de Estados Americanos (OEA), así como recurrir a lo que él denominó mecanismos jurídicos.
Creo oportuno recordar que en un Foro sobre reversión y limpieza de las bases militares, efectuado en el Paraninfo de la Universidad de Panamá, el 16 de marzo de 1999, declaré que el saneamiento de las áreas contaminadas por las fuerzas militares de los Estados Unidos durante la mayor parte del presente siglo, es un problema de nuestro tiempo, cuya responsabilidad recae en el Gobierno norteamericano y que corresponde ser resuelto mediante la cooperación y no mediante la confrontación. Hace un par de meses en ocasión de la XXXVI Conferencia de la Federación Interamericana de Abogados, reunida en Panamá el 19 de junio de 2000, reiteré esta posición, expresando que sin ánimo de confrontación, porque entre Estados amigos las diferencias se resuelven por los medios pacíficos de solución de controversias, el Gobierno panameño y sobre todo la Cancillería panameña, debe tomar una actitud más vigorosa, presentándole a los Estados Unidos demandas concretas y técnicamente sustentadas, en primer término ante las instancias diplomáticas y paralelamente ante los foros regionales, ante los organismos internacionales y ante la opinión pública en general.
El Ministro José Miguel Alemán, se circunscribió en las Naciones Unidas a hacer una declaración en el debate general y a hacer entrega de una carta explicativa al Secretario General, que no podía ir más allá de su circulación entre los miembros del Consejo de Seguridad, sin otro propósito que el de la información. La Cancillería panameña ha dejado de utilizar otros medios, mecanismos y recursos que la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional ponen a su alcance. El Tratado del Canal de Panamá de 1977, que estuvo vigente hasta el mediodía del 31 de diciembre de 1999, en su artículo 14 sobre Arreglo de las Controversias, derivadas de dicho Tratado, establece que cuando las partes no pudiesen resolver un determinado asunto mediante los canales diplomáticos podrán, en casos apropiados, acordar someter el asunto a conciliación, mediación, arbitraje u otro procedimiento que mutuamente considerasen conveniente para el arreglo pacífico de la controversia. En armonía con esta disposición, el artículo 14 de la Carta de las Naciones Unidas, le confiere a la Asamblea General la atribución de "recomendar medidas para el arreglo pacífico de cualesquiera situaciones, sea cual fuere su origen, que a juicio de la Asamblea puedan perjudicar el bienestar general o las relaciones amistosas entre naciones".
Es evidente que el Canciller en nombre del Gobierno nacional, actuando diligentemente, pudo haber solicitado con 30 días de anticipación a la apertura de la Asamblea General de las Naciones Unidas, como lo autoriza el artículo 14 del Reglamento, la inclusión del tema de "la responsabilidad de los Estados Unidos por la Contaminación Ambiental de Panamá", para lo cual bastaba presentar junto con la petición, un memorándum explicativo y un proyecto de resolución en favor de la tesis panameña. Esta omisión era subsanable, sin tener que aguardar el inicio del próximo período de sesiones de la Asamblea General en septiembre del 2001. El artículo 15 del mismo Reglamento, prevé que durante el presente período ordinario de sesiones de la Asamblea General, se pueden incluir temas adicionales en el Programa de la Asamblea General para lo cual bastará el voto de la mayoría de los miembros presentes y votantes. No tengo la menor duda de que la justicia, el derecho, la equidad y la moral están de parte de la causa panameña, que tiene pleno apoyo en el Derecho Internacional General y Consuetudinario. Estoy seguro de que si la Cancillería panameña adelanta oportunamente gestiones, seriamente sustentadas, ante los Gobiernos del Grupo de Río, del Grupo Latinoamericano y del Caribe de las Naciones Unidas, de la Cumbre Iberoamericana, del Grupo de los 77 y de los Grupos Regionales, el tema del Saneamiento de las áreas contaminadas del territorio panameño, será incluido en el Programa del actual período de sesiones de la Asamblea General, con la consiguiente aprobación de una resolución de ese organismo, que tendría un impacto extraordinario en la opinión pública de los Estados Unidos y en la opinión pública mundial.
