La primera crisis del gobierno del presidente Martín Torrijos

LAS CAUSAS DE la primera crisis que enfrenta el gobierno actual son múltiples. Merecen ser enumeradas porque revelan la problemática del país a los casi quince años de restaurada la democracia y al inicio del segundo siglo de existencia como república que, gracias a una estrategia de negociación pacífica pero insistente, logró la entrega del Canal y así perfeccionó su soberanía y su independencia, a fines de 1999.
Los cambios demográficos y/o económicos que se produjeron durante nuestros últimos cincuenta años han afectado el contexto de nuestro sistema de seguridad social. La proporción de los asegurados jubilados a los asegurados que aún trabajan y pagan cuotas y la expectativa de vida de los asegurados ya jubilados, se han modificado sustancialmente de tal modo que las finanzas de la Caja arrojan actualmente un gravísimo déficit actuarial que llevaría la institución a la quiebra en muy pocos años, lo que acarrearía un desastre social y un desastre en las finanzas nacionales. Es difícil pensar que nuestras libertades públicas y nuestras instituciones democráticas puedan sobrevivir un descalabro de semejante gravedad y magnitud. Si a esto añadimos políticas erróneas y hasta delictivas que se impusieron en la Caja, tales como el aumento de beneficiarios por asegurado, el da y quita a la caja de una parte del décimo tercer mes, la obligación de depositar sus fondos en el Banco Nacional por un interés más bajo que el que el mismo banco le pagaba a otros depositantes, el uso y abuso de los fondos de la Caja para cubrir los déficits del Estado, el nombramiento de centenares de empleados innecesarios, la compra de medicinas, equipo médicos y aún hospitales en condiciones dudosas y posiblemente dolosas, y un inventario ilimitado de prácticas de mala administración - se hace evidente que el actual gobierno tenía que actuar con vigor y rapidez.
Desde 1990, por lo menos, se tomó conciencia de la gravedad del problema y el Ejecutivo y el Legislativo de ese entonces adoptaron la primera medida correctiva, a saber el aumento de la edad a la cual los asegurados podían jubilarse. Los dos siguientes gobiernos no tomaron ninguna medida efectiva para evitar la catástrofe que se vislumbraba. Sin embargo, durante los últimos quince años y en especial durante los últimos diez, se dieron de diversas maneras discusiones públicas, diálogos e incluso intentos de negociación sobre las características del problema de la seguridad social y las fórmulas para resolverlo, con la participación de un buen número de organizaciones políticas y de la sociedad civil, como sindicatos, asociaciones gremiales, partidos etc. Se dieron también diversas publicaciones sobre el mismo tema. De modo que ningún dirigente responsable puede decir a estas alturas que no ha tenido oportunidades para conocer a grandes rasgos el problema de la seguridad social en Panamá y las principales alternativas para resolverlo. Tampoco puede decir que desconocía el compromiso de la Alianza Patria Nueva, integrada por el PRD y el Partido Popular de la Estrella Verde, que ganó las elecciones, de reformar la CSS asegurar su existencia por lo menos por una o dos generaciones.
El coraje que ha demostrado el presidente Martín Torrijos consiste en conducir al país desde la toma de conciencia del problema hasta la acción efectiva para resolverlo. Y es evidente, por la conducta que han demostrado las organizaciones políticas y sociales panameñas hasta ahora que por más que conversen, dialoguen, discutan y negocian entre sí, difícilmente se pondrán de acuerdo sobre la solución al problema, porque ésta implica distribuir sacrificios que afectan sus intereses básicos. En estas circunstancias, la responsabilidad le cabe al Presidente de la República y a la Asamblea Nacional, de tomar la decisión que en conciencia juzguen mejor para el país. En una democracia, las autoridades electas tienen el deber y el derecho de gobernar, sobre todo en los asuntos de gran importancia en los cuales no se ha podido forjar un consenso entre los ciudadanos.
Estoy seguro que hay organizaciones y personalidades que piden más tiempo para discutir de la solución del problema, porque honradamente piensan que todavía no se ha tenido suficiente oportunidad para hacerlo. Pero me temo que hay otras organizaciones y personalidades que solicitan más tiempo, porque este hecho favorece sus intereses financieros y políticos o porque algunos intentan repetir en nuestro país las tristes experiencias de Argentina, Venezuela, Ecuador o Bolivia, como medio para llegar al poder.
El presidente y la mayoría legislativa han sido prudentes al proporcionar una oportunidad más para que los panameños podamos discutir, muy especialmente la reglamentación de la ley, ya que la Ley misma está en vigencia. Cabe destacar que las autoridades civiles no recurrieron a la fuerza policial inoportuna o exageradamente. Sólo si surgieran consensos sobre aspectos de la ley misma, se procedería a modificarla. Pero en ningún momento el Presidente y la Asamblea deben hacer dejación de sus atribuciones constitucionales.
El Presidente tiene el deber y el derecho de cumplir con cada uno de los numerales de los artículos 183 y 184 y la Asamblea tiene el deber y el derecho de cumplir con lo que le señalan los artículos 160, 161, 162 y 163. Ninguna fuerza política ni social puede moralmente impedirlo.
ariyan@sinfo.net
Si el canciller Tack hubiese llenado a Kissinger con toda clase de acusaciones sobre las intervenciones, saqueos y vejámenes de EU a Panamá; o si Kissinger hubiese echado en cara a Tack los beneficios y bendiciones con que EU "ayudó" a Panamá, todavía estaríamos negociando (¡y quién sabe qué hubiera ocurrido!) y es posible que el Canal aún estuviese en manos de EU. Es necesario separar lo esencial de lo no esencial y buscar un acomodo en torno a los puntos específicos que separan a las partes.
(Continuará la próxima semana).
(*)Coordinador del Servicio Paz y Justicia en Panamá (Serpaj-Panamá).