La urgencia de equilibrar la justicia laboral en Panamá: una mirada desde la defensa empresarial

Quien ha ejercido la defensa legal de empresas ante el sistema laboral panameño sabe que no todo está diseñado en condiciones de equidad. Con el paso de los años —y pese a la buena intención del legislador— el proceso laboral se ha ido inclinando peligrosamente hacia una visión desequilibrada, donde el empleador aparece como "el malo" por defecto y el trabajador como "la víctima" por principio. Esta realidad merece ser revisada con madurez. No para debilitar los derechos laborales —que constituyen conquistas sociales fundamentales— sino para devolverle al proceso judicial su esencia: justicia, no inclinación; legalidad, no simpatía; y sobre todo, equilibrio, no automatismo.

La lógica de un sistema protector hacia el trabajador es comprensible y necesaria. Existe una relación asimétrica entre empleador y empleado, donde la parte trabajadora requiere garantías para que sus derechos no sean vulnerados. Sin embargo, lo que se concibió como contrapeso frente al poder del capital ha devenido, en muchos casos, en una estructura que, en la práctica, presume culpabilidad del empresario sin exigir al trabajador la misma rigurosidad probatoria.

En ese sentido, el Artículo 6 del Código de Trabajo panameño establece que "en caso de conflicto o duda sobre la aplicación o interpretación de las disposiciones de trabajo legales, convencionales o reglamentarias, prevalecerá la disposición o la interpretación más favorable al trabajador." Esta norma —aunque legítima desde una perspectiva histórica— ha sido frecuentemente malinterpretada o aplicada de forma automática, llevando a que muchos operadores del sistema consideren que el solo hecho de existir una duda favorece al trabajador sin necesidad de mayor análisis jurídico. En la práctica, esta disposición ha sido usada como una puerta abierta para validar cualquier reclamación, dejando al empleador en situación de desventaja procesal constante. Lo que debió ser una herramienta excepcional de protección, se ha convertido, en algunos casos, en un principio absolutista que distorsiona el equilibrio del proceso.

Se abren así espacios para el abuso: reclamos fabricados, demandas temerarias o duplicadas, afirmaciones sin sustento, todo ello bajo el paraguas de una presunta protección legal. La etapa de conciliación obligatoria, que debería representar una oportunidad legítima para resolver conflictos, muchas veces se convierte en una forma de presión. La recomendación implícita suele ser clara: "llegue a un acuerdo, aunque no esté de acuerdo", porque si no, se expone a un juicio largo, costoso y perjudicial para su imagen. En muchos casos, las empresas, especialmente aquellas con notoriedad pública, acceden a pagar sumas injustificadas únicamente para salir del paso y evitar daños reputacionales. Este uso estratégico del proceso erosiona la confianza en el sistema y crea un entorno en el que la conciliación deja de ser una herramienta de justicia para convertirse en una transacción coercitiva.

Además, no es raro encontrarse con funcionarios, inspectores o incluso jueces cuya postura se aleja de la imparcialidad. Algunos actúan más como representantes del trabajador que como operadores del derecho. La neutralidad institucional, que es pilar del debido proceso según la Constitución de la República de Panamá, se ve comprometida cuando el sistema judicial laboral es interpretado como un mecanismo de defensa automática del trabajador, sin considerar que el empleador también tiene derechos fundamentales.

La empresa, en este contexto, queda expuesta a múltiples vulnerabilidades. Desde la amenaza constante de demandas sin sustento, hasta la posibilidad de ver afectada su reputación, estabilidad financiera y operatividad, muchas veces por procesos iniciados sin fundamentos reales. Esta situación genera un efecto paralizante, en especial sobre la pequeña y mediana empresa, que representa más del 90% del tejido empresarial panameño. Si el empleador comienza a percibir que el sistema no le ofrece garantías de justicia, simplemente optará por no contratar, o por hacerlo al margen de la legalidad, alimentando así la informalidad y debilitando la economía nacional.

Lea la columna completa en ww.panamaamerica.com.pa