Las Comarcas indígenas vs. el Estado panameño

El 7 de marzo de 2011 se cumplieron 14 años de la existencia de la Comarca Ngöbe-Buglé, con cuya acción se despojó a las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí, y Veraguas de 667,000 hectáreas de terreno. En la Asamblea Legislativa de aquel entonces, yo fui el único legislador que me opuse a dicha Ley. Se aprobó un proyecto, algunas de cuyas partes pesan negativamente, y deben ser motivos de una revisión a futuro

Creemos en la preservación de las culturas indígenas, y de la necesidad de contribuir con su educación, salud, y los beneficios de carreteras, electricidad, y de toda esa gama de comodidades, o facilidades que nos permite una vida más cómoda y placentera. No queremos condenarlos, aún con su consentimiento, a que sean meras piezas de un museo viviente en este mundo globalizado.

A ellos hay que incorporarlos a la vida nacional, y también tienen el derecho y obligación de contribuir sin excepción alguna al desarrollo nacional, como todos los panameños.

En Panamá existen 5 Comarcas Indígenas las cuales ocupan 1,578,200 hectáreas, que representan el 21% del territorio nacional, y una población de 157,382 personas, que igualmente representa el 5% de todos los panameños.

La Ley de las Comarcas dice que el subsuelo es del Estado, pero su aprovechamiento está sujeto a la aprobación de la población indígena. A las Comarcas les hemos adjudicado autonomía en gobierno, en el uso de las tierras, bosques y recursos naturales. No podemos construir escuelas, centro de salud y otras edificaciones o infraestructuras públicas, si previamente no se ha concedido el permiso de uso de suelo. La tenencia de la tierra es de carácter comunal, y se utilizan términos en la ley como de “Subsistema Biocultural” para justificar el gobierno territorial que les da acceso a vivienda, caza, pesca, uso de plantas medicinales, y a la protección de fuentes de agua para la preservación de la vida.

Anualmente en el presupuesto de la nación se les asignan partidas millonarias para educación, salud, asistencia social, carreteras y otros, recursos que provienen de los que pagamos impuestos. En Kuna-Yala no es posible el desarrollo turístico que el país necesita porque sólo los indígenas pueden desarrollarlo bajo su “standard” de comodidad y sanidad, y en la región de los Ngöbe-Buglé los proyectos hidroeléctricos son rechazados bajo el pretexto del deterioro al medio ambiente.

Los cambios a la presente legislación no la veré yo, ni mis hijos, pero algún día la comunidad panameña en un referéndum, democráticamente dará marcha atrás en muchos de los aspectos de las concesiones otorgadas.

*Ex Administrador de la ARI.