A los oídos del Procurador Ceville
Publicado 2006/08/27 23:00:00
Son tantas las demandas contra el Estado y la cuantía de las sentencias de condena, que ha sido preciso crear una fiscalía especial para defender mejor sus intereses. Un consorcio francés, al que se le revocó una concesión para construir una terminal de transporte en Colón, es de los últimos en demandar. En los 16 años de restauración democrática, las condenas al pago de indemnizaciones a particulares excede con creces los 200 millones de balboas.
De todo hay en la lista, desde los despedidos por golpistas en tiempos del Presidente Endara, hasta la compañía del puente Van Dam. Las demandas civiles contra el Estado, pendientes en la Corte Suprema, exceden con creces los cien millones de balboas.
Y paralelo a lo anterior, tenemos a una Procuraduría de la Administración, ahogada por las demandas de nulidad contra diversos actos de las autoridades gubernamentales, que no entiende que su conducta u omisión dolosa o negligente puede provocar el inicio de costosas acciones judiciales contra la respectiva entidad y contra el Estado.
Por eso, a los oídos del Procurador de la Administración, Oscar Ceville, recomendamos implementar una especie de "medicina preventiva" y no sólo curativa, como hasta ahora. Proponemos adoptar mecanismos que aseguren que los funcionarios se asesoren antes de actuar y que obren con apego a la Ley, abandonando la arbitrariedad y las dilaciones abusivas de los trámites a su cargo.
Sugerimos efectuar auditorías de legalidad, con regularidad en cada entidad, que concluyan en informes que señalen aciertos e irregularidades, con nombre y apellido, de modo que el superior del funcionario tenga argumentos para evaluar, premiar, sancionar o despedir, y hacer depender de ello los aumentos de sueldo.
Cuando caigan los primeros de malos funcionarios y, al otro extremo, sean mejor retribuidos quienes mejor trabajen, ellos mismos se convertirán en ejemplo y difusores del buen actuar.
De todo hay en la lista, desde los despedidos por golpistas en tiempos del Presidente Endara, hasta la compañía del puente Van Dam. Las demandas civiles contra el Estado, pendientes en la Corte Suprema, exceden con creces los cien millones de balboas.
Y paralelo a lo anterior, tenemos a una Procuraduría de la Administración, ahogada por las demandas de nulidad contra diversos actos de las autoridades gubernamentales, que no entiende que su conducta u omisión dolosa o negligente puede provocar el inicio de costosas acciones judiciales contra la respectiva entidad y contra el Estado.
Por eso, a los oídos del Procurador de la Administración, Oscar Ceville, recomendamos implementar una especie de "medicina preventiva" y no sólo curativa, como hasta ahora. Proponemos adoptar mecanismos que aseguren que los funcionarios se asesoren antes de actuar y que obren con apego a la Ley, abandonando la arbitrariedad y las dilaciones abusivas de los trámites a su cargo.
Sugerimos efectuar auditorías de legalidad, con regularidad en cada entidad, que concluyan en informes que señalen aciertos e irregularidades, con nombre y apellido, de modo que el superior del funcionario tenga argumentos para evaluar, premiar, sancionar o despedir, y hacer depender de ello los aumentos de sueldo.
Cuando caigan los primeros de malos funcionarios y, al otro extremo, sean mejor retribuidos quienes mejor trabajen, ellos mismos se convertirán en ejemplo y difusores del buen actuar.
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