Los partidos no son sinónimo de democracia

Y LOS nuestros mucho menos. Y cada día estarán más lejos de representarla, a menos que un cambio radical en las reglas del juego les obligue a modificar su tradicional manera de actuar. Pensar que ellos renunciarán, voluntariamente, a las ventajas que, gratuitamente, les otorga nuestro sistema electoral es una ilusión.
En los próximos días se desarrollará el foro convocado por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), para examinar la crisis de los partidos políticos. Y pocas esperanzas tengo, de que ese encuentro produzca algún resultado que contribuya a superar su cada día más evidente crisis. La razón es muy simple: mientras que se insista en hacer llamados para que los partidos hagan exámenes introspectivos de sus errores, muy poco se avanzará. Los hechos han demostrado, hasta la saciedad, que en los partidos panameños esas exhortaciones encuentran oídos sordos.
En Panamá, el total de la población con derecho a votar se divide, casi por igual, entre inscritos y no inscritos en partidos políticos. Por tanto, el principal partido es el de los no inscritos, que en número suman más que todos los miembros de los partidos. Sin embargo, éstos no tienen nada que decir al momento de decidir quiénes pueden aspirar a las postulaciones presidenciales, ya que ellas están reservadas, exclusivamente a los partidos.
El control de las postulaciones presidenciales es el que ha permitido a los partidos políticos, secuestrar para su beneficio el sistema electoral panameño. Y si a ese absurdo privilegio se une la ventaja que representan los multimillonarios subsidios que se les otorgan de los dineros públicos, sin tener que dar nada a cambio, es fácil entender porque siguen siendo paradigma de inoperancia. Hagan lo que hagan, siguen teniendo la sartén por el mango. Entonces, ¿para qué cambiar?
Para que los partidos políticos panameños cambien, hay que obligarlos, confrontándoles con el riesgo real de perder su privilegiada posición. Y ello debe hacerse, como he señalado en escritos precedentes, no mediante exhortaciones inútiles, sino cambiando las normas legales que regulan nuestro sistema electoral, para que tengan que competir para mantener la posición que ahora nada les cuesta.
Entre las medidas que contribuirían, de manera inmediata, a transformar nuestro sistema electoral, actualmente monopolizado por los partidos políticos y, en consecuencia, antidemocrático, hay dos absolutamente necesarias: la primera, establecer la libre postulación para presidente; la segunda, introducir la doble vuelta. Con la primera se rompería el monopolio que actualmente tienen los partidos, que son los únicos que tienen derecho a postular candidatos a la presidencia; mediante la segunda se asestaría un golpe decisivo al mecanismo perverso de la polarización del voto presidencial, que es otra forma de secuestrar la voluntad de los votantes.
Sería importante que en próximas encuestas de opinión, sus organizadores incluyeran la pregunta, dirigida a personas no inscritas en partidos:
¿Está Ud. de acuerdo que sólo los partidos puedan postular candidatos a la presidencia? Apuesto doble a sencillo que los resultados evidenciarán, muy cerca del cien por ciento, el rechazo al monopolio por los partidos de las candidaturas presidenciales.
La doble vuelta, que hoy existe en la mayoría de las democracias de nuestro entorno, ha probado tener dos ventajas reales inmediatas: la primera, es que permite a los votantes salirse de la camisa de fuerza que es el sistema de vuelta única que, de hecho, compele a los electores a escoger entre las dos candidaturas de mayor opción, aunque muchos prefirieran a candidatos de aparentes menores posibilidades; la segunda, es que reserva a los electores, el derecho de ser ellos los que decidan con su voto, entre los dos candidatos más votados en la primera. Pero, además, la doble vuelta permite que surjan nuevos liderazgos políticos que tienen pocas posibilidades de emerger cuando, como es la práctica habitual de la política panameña, las alianzas los marginan de la contienda electoral.
Los subsidios son el otro aspecto que debe reformarse de raíz. Su monto multimillonario es una ofensa a la pobreza de decenas de miles de panameños que se debaten entre la pobreza y la miseria. No debe haber subsidio directo a los partidos. Los fondos públicos que actualmente se le entregan a los partidos, en una cifra significativamente menor, deben destinarse a costear espacios televisivos, radiales y escritos, de igual acceso a todas los partidos y organizaciones políticas y cívicas, para que sirvan al fortalecimiento de la cultura democrática, en vez de privilegiar, inmerecidamente, a los grupos de intereses, constituidos en partidos y únicamente empeñados en hacerse con el control del poder político.
La próxima CADE, por lo que desprende de su temario, no se concentrará en ninguno de los aspectos antes señalados. Hablar del papel de los partidos, sin confrontarlos con las alternativas que los forzarían a regenerarse puede ser útil, desde un punto de vista académico, pero no contribuirá a su transformación en instrumentos al servicio de la democracia, que es lo que realmente cuenta.