Los retos del defensor del pueblo

Han pasado más de cuatro meses desde que el Doctor Alfredo Castillero, Defensor del Pueblo, tomó posesión del cargo. Sin embargo, el nuevo Defensor es inexistente para la mayoría de los panameños. Prueba de ello, son las constantes críticas en los medios de comunicación en cuanto a que “no habla, no aparece, no tiene liderazgo, no hace propuestas y llevó la Defensoría a su más terrible anonimato, dándole un toque de secretismo, misterio y poca exposición a una entidad tan importante”.

La mayoría de los panameños que no conocían al nuevo defensor, tuvieron la oportunidad de conocerlo por televisión, en razón de una entrevista que le hicieron para que hablara de sus retos. Sin embargo, no hubo de su parte un compromiso serio de defender los Derechos Humanos de los panameños, y más que todo se refirió a los problemas y obstáculos de la institución.

Es una realidad que el doctor Castillero era el ungido del Ejecutivo, con independencia de que tenga todos los méritos y un vasto conocimiento en materia de Derechos Humanos. Por ello, su mayor reto, es demostrar independencia en la defensa de los Derechos Humanos sin importar el color del partido de los afectados, como es el caso del abuso de la detención preventiva en contra de los exfuncionarios de la administración anterior y exigirle al Ejecutivo que cumpla la Ley No. 59 de 28 de diciembre de 2005, para que no se siga despidiendo funcionarios en abierta violación a esta Ley.

Es evidente que el doctor Castillero no puede inmiscuirse en las decisiones de fondo de los Fiscales. Pero lo menos que se espera de un Defensor del Pueblo, es que les exija a los funcionarios del Ministerio Público las garantías del debido proceso y que no se violen los Derechos Humanos de los imputados sin importar su condición política.

Hasta ahora no hemos visto al doctor Castillero salir públicamente a exigir el respeto a los Derechos Humanos de ningún panameño. Y ni siquiera se inmutó en pronunciarse en contra de la violación de los Derechos Humanos de la licenciada Alma Cortés, por tratarse de un caso que acaparó la atención nacional y el pronunciamiento de los gremios de abogados y de connotados juristas del patio.

La abusiva detención preventiva de la licenciada Cortés, el trato humillante que se le dio y el hecho de que los funcionarios se trasladaran a la Policía para indagarla, como si se tratara de un criminal peligroso que se podía escapar en el traslado a la sede de la Fiscalía, no dejan ninguna duda de la intención política de todo lo actuado. Y es que, la Licda. Cortés es una reconocida profesional del Derecho, presidenta encargada del Partido Cambio Democrático y la coordinadora del equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli.

Comparto plenamente el criterio vertido por el abogado Silvio Guerra quien condenó enérgicamente la detención preventiva aplicada a Alma Cortés: "Tal y como lo he sostenido en entrevistas televisivas que se me hicieron, el problema de fondo no es si cometió o no el supuesto delito que se le atribuye o imputa; ya que eso será debatido en amplios escenarios propios de las diversas etapas o actos del proceso, como corresponde; sino que el trato desigual y la existencia de una justicia selectiva, en la que se trata a unos de una manera y a otros de otra".

La detención preventiva de Alma Cortés es injustificada, porque no existe posibilidad de fuga, desatención al proceso, peligro de destrucción de pruebas, o que pueda atentar contra la vida o la salud de otra persona.

Presidente de la Fundación Guardianes del Ambiente