No a las partidas circuitales

Hay que apoyar con energía la decisión de la Presidenta de la República de eliminar las partidas circuitales. Durante demasiado tiempo, aquella entelequia fatal ha contaminado la vida política de la Nación, prestándose para la corrupción y propiciando el clientelismo de una manera vergonzosa. Según su propia admisión, fue Ovidio Díaz el creador de las partidas circuitales, que por primera vez se colaron en los presupuestos de 1966, 1967 y 1968 (El Panamá América, 14 de junio de 1999). Después del derrocamiento del régimen constitucional, la dictadura militar inventó la figura del "representante de corregimiento", al cual se asignaron partidas para "promover el desarrollo" en sus localidades.
Cuando se constituyó la Asamblea Legislativa en 1984, Ovidio Díaz-legislador del PRD-propuso y consiguió que las partidas circuitales se instituyeran formalmente. Entonces comenzó el relajo adicional de asignarles mayores partidas a los legisladores del gobierno que a los de oposición.
Suspendidas durante los primeros años del gobierno del presidente Endara, las partidas se desempolvaron en 1993 y 1994, cuando según la Contraloría General de la República se ejecutaron 84 millones de balboas a través de "obras comunitarias" de los legisladores. Durante el quinquenio de su sucesor, el perredista Ernesto Pérez Balladares, la cifra aumentó a 170 millones de balboas.
Pérez Balladares las usó para doblegar la autonomía de los legisladores-tanto oficialistas como opositores-a fin de imponer su agenda sin obstáculos. Durante esa administración, la Asamblea renunció al ejercicio de su función fiscalizadora y, también-en gran medida-de su función legislativa, pues repetidamente concedió facultades extraordinarias al ejecutivo, a cambio de la asignación de gruesas partidas circuitales y otras prebendas que se repartieron entre sus integrantes.
¿Para qué han servido las partidas? Camilo Gozaine lo dijo con franqueza: "Para enriquecer a malos políticos" (El Panamá América, 4 de diciembre de 1998). Con fondos asignados a "proyectos circuitales", algunos legisladores han llevado a cabo mejoras en propiedades privadas, han adquirido vehículos para uso personal o han realizado fiestas y banquetes. Con la sola excepción de Anselmo Lino Guaynora (PRD, 1984-1989), ninguno ha sido enjuiciado por malversación de fondos públicos.
Sobre todo, las partidas circuitales han constituido un subsidio electoral escandaloso que se ha impuesto a la ciudadanía para patrocinar la reelección de los legisladores. Estos "invierten" las partidas en obras y actividades que les producen réditos políticos: en pocas palabras, las usan para comprar el voto de sus electores, señaladamente a través de las "becas" y otros beneficios que otorgan a sus simpatizantes. Así aseguran un caudal de votos que les garantice la reelección cada cinco años. No de otra manera se explica la tasa de retorno sin precedentes registrada en 1999, cuando de 63 legisladores que se presentaron a la reelección, 31 la consiguieron, especialmente los que mayores asignaciones recibieron.
Durante su campaña política, Mireya Moscoso prometió revisar el tema de las partidas circuitales. Hoy, frente a las dificultades económicas que se asoman, su gobierno ha decidido eliminarlas del presupuesto correspondiente al año entrante.
Los legisladores, especialmente los del PRD y sus aliados del PDC, harán lo posible por salvar las partidas circuitales, pues saben que su reelección depende de ellas. Utilizarán toda clase de triquiñuelas y subterfugios para proteger sus intereses particulares. La ciudadanía no debe permitírselo. Las partidas circuitales son contrarias a las nociones de justicia, transparencia e igualdad que nutren el sistema democrático, por lo que debemos extirparlas permanentemente de nuestra vida política.