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No sabemos participar

Publicado 2005/09/26 23:00:00
  • Jorge Giannareas
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La democracia necesita a los partidos, a las asociaciones no gubernamentales, y a los que rehusan a ser parte de cualquier tipo de organización.

PARTICIPACIÓN ciudadana es un término tan usado en nuestros días que ha llegado a significar cualquier cosa. Lo manipulan y distorsionan tanto quienes lo utilizan de un modo irracional en su intento de descalificar la autoridad, como los que lo configuran de modo muy restrictivo en el intento de achicar los espacios de la crítica.
En medio de lo que es una verdadera pugna ideológica en torno al concepto, hay que reconocer la plasticidad original del verbo participar. Para definirlo, tarea siempre difícil, el DRAE utiliza términos contrapuestos: participar es tomar parte, pero también dar parte; es tener parte, pero también recibir parte. Otra acepción es compartir, pero mientras este último verbo es siempre transitivo, es decir, cuando compartimos la acción siempre recae sobre "algo", participar puede ser transitivo o intransitivo, pues en ocasiones la actividad de participar no necesariamente incide sobre cosa alguna. Además de tomar
dar, y tener/recibir, hay un tercer par dialéctico que sirve para precisar los contornos de esta curiosa acción: tener/ser. Porque para algunos no es suficiente con "tener" parte, sino que además, desean, aspiran a "ser" parte.
La Convención Americana de Derechos Humanos establece el derecho de todos los ciudadanos "de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente, o por medio de representantes libremente elegidos", como uno de los derechos políticos primordiales. La participación ciudadana pues pertenece al núcleo racional de la democracia y se apoya necesariamente en otros derechos, como lo son la libertad de expresión, la libertad de reunión, y la libertad de asociación. Como la participación ciudadana es expresión del principio de igualdad y no discriminación, es justo decir que la participación ciudadana es un puente entre la libertad y la igualdad.
Como concepto, históricamente surge con las revoluciones liberales de fines del siglo XVIII y la exaltación de la figura del "ciudadano". Para Rousseau la participación era un derecho y no una virtud, pues la polis moderna está integrada no por familias sino por ciudadanos.
Una de las primeras facetas de la participación en los asuntos públicos fue la elección de representantes políticos; posteriormente, ya en el siglo XIX, con el surgimiento de los partidos políticos, la participación ciudadana se amplió en la medida en que incluía el derecho de formar y pertenecer a una organización dedicada a fines políticos. Sin embargo, la democracia representativa no es sinónimo de la democracia de partidos o partidocracia, pues como la penetración social de los partidos es histórica y geográficamente muy variable, encontraremos que sociedades con un bajo nivel de filiación partidaria, partidos no democráticamente estructurados, y una absoluta concentración de miembros de partidos en el órgano legislativo, padecen de un déficit de representatividad que pronto termina por transformarse en un déficit de legitimidad del órgano representativo.
Para algunos la democracia es solo democracia representativa y punto. El problema desde esta perspectiva es la calidad de la representación y no el problema más global de la calidad de la participación. A la elección de representantes, a la candidatura a un cargo de elección y a la pertenencia a un partido, hay que sumar las instituciones de la llamada democracia directa (plebiscito, referéndum, iniciativa popular, revocatoria de mandato), mediante las cuales los ciudadanos aportan con sus ideas a formar un clima de opinión y a decidir mediante el voto cuestiones de Estado. Estas instituciones jamás sustituirán la representación política y debe vérselas más bien como su complemento.
Desde el punto de vista de la participación, el partido sigue siendo de fundamental importancia, de allí que se abogue por su democratización, por que se haga más abierto y poroso al ambiente social y sea un vehículo eficaz para que la mayor cantidad de gente se integre al proceso de toma de decisiones en los asuntos públicos. Por eso no existe ninguna contradicción entre la representación y la participación en la política, pero sí hay tensiones entre partidos y organizaciones públicas que contribuyen a formar opinión pública y que no funcionan como satélites de los partidos.
En Panamá, la cercanía de los partidos con el poder del Estado hace que los partidos se transformen en ostras frente a los medios de comunicación, los cuales pronto desarrollan un discurso contra los partidos políticos en general. Esta situación, además de lamentable, ciertamente contribuye a endurecer un comportamiento defensivo por parte de los políticos. Así, nos encontramos con demasiada frecuencia con opiniones de miembros prominentes de partidos que muestran desprecio por la llamada sociedad civil, a la que consideran un "grupito de políticos fracasados". "¿A quién representan estos señores?", "¿Con qué derecho hablan así"?, dicen los que creen que los partidos tienen el monopolio de la política, dejando al descubierto su incomprensión del valor de la participación ciudadana.
La democracia necesita a los partidos, a las asociaciones no gubernamentales, y a los que rehusan a ser parte de cualquier tipo de organización, pero aún así tienen una contribución que hacer. La democracia les reconoce el derecho a participar a todos por igual.
Ahora bien, hay varios tipos de participación pública que no son de carácter ciudadano y que merecen una glosa. Uno es el "corporativismo", que es un recurso que se ha utilizado de modo sistemático en sociedades de capitalismo organizado para atender cierta clase de conflictos industriales. Los tres sectores, el laboral, el empresarial y el gobierno, se hacen representar en una especie de junta que actúa de modo arbitral ante las contradicciones que se suscitan. Un derivado del corporativismo es el "gremialismo", movimiento que busca un espacio en la toma de decisiones públicas, no en su carácter ciudadano, sino como portadores de intereses particulares y especiales que se presume deben ser protegidos.
Ni el uno ni el otro favorecen la democracia, pero podrían ser eficaces en la toma de decisiones públicas. Su presencia es un recordatorio de la falta de democracia y la mejor manera de suplir esta deficiencia es con una inyección de participación ciudadana. Pero, como dice una amiga, "el problema es que no sabemos participar".
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