No se puede bajar la guardia en el tema de la seguridad social

En recientes declaraciones uno de los asesores presidenciales afirmó que el actual gobierno, por razones de tiempo, no tomaría ninguna decisión sobre la problemática del Programa de Invalidez, Vejez y Muerte (PIVM). A esto añadió de que no lo podría hacer por carecer del capital político suficiente. Estas declaraciones, que a nadie extrañan, han dado lugar a diversas reacciones, entre las que se destaca la provenientes de la cúpula empresarial.

Los funcionarios y publicistas del capital financiero saben perfectamente que su proyecto antidemocrático de seguridad social no será aceptado pasivamente por la sociedad. No es raro, entonces, que uno de uno de ellos reconociera en el último CADE, que sus propuestas son "bastante impopulares".

Teniendo en cuenta la naturaleza de la propuesta empresarial, destinada a destruir el sistema solidario y privatizar los fondos de la CSS, tampoco es de extrañar que los representantes del capital entiendan claramente las dificultades políticas que su propuesta debe enfrentar. Al referirse al papel de los partidos políticos en la reforma que proponen, uno de los más conspicuos voceros del capital financiero declaró, que estos: "Saben a lo que se enfrentan. Saben que, si no tienen manejo, sufrirán políticamente".

Es por esto que, en base a las desafortunadas declaraciones del asesor presidencial, la cúpula empresarial ha decidido llevar una nueva campaña destinada a avanzar en sus objetivos. Esta intenta llamar la atención sobre la urgencia de lograr una solución para el sistema de pensiones, olvidando intencionalmente que fue la Ley 51 Del 27 de diciembre de 2005, promovida por ellos mismos, la que ha generado el problema del modelo solidario.

La nueva campaña del capital intenta utilizar, como en ocasiones anteriores, la vieja táctica de crear el terror en la población. Para esto se utiliza como eje ideológico central la idea de que la única solución es la presentada por el sector empresarial, de manera que si esta no se acepta no solo las personas podrían quedarse sin pensiones, sino que prácticamente se destruiría la economía nacional.

Esta posición olvida que en varios documentos, como el aprobado por el Consejo Académico de la Universidad Panamá, se demuestra cuantitativamente la posibilidad de sostener un modelo de pensiones solidarias, siempre y cuando se corrijan los abusos que sobre la CSS siguen realizando tanto el sector empresarial como el gubernamental.

Por ejemplo, la idea de la Cámara de Comercio Industria y Agricultura de Panamá (CCIAP) según la que los gobiernos, de no aceptar la propuesta empresarial, tendrían que escoger entre invertir o financiar las pensiones, es en realidad una visión interesada. Es claro que en un país en que existe una evasión fiscal, principalmente proveniente del sector empresarial, que en el 2019 alcanzó a cerca del 10.0% del PIB, la idea de la CCIAP resulta prácticamente interesada y ridícula.

Es importante señalar que, como era de esperarse, la campaña iniciada en CCIAP, siguiendo las reglas de la orquestación propagandística, ha servido de base para que la prensa dedicada a servir los intereses del capital financiero junto a otros medios sean la caja de resonancia de la misma.

Lastimosamente algunos sectores que se autocalifican como progresistas no han logrado entender el significado de la situación. No es correcto pensar que el tema debe ser eliminado de la agenda de los movimientos sociales hasta que se termine el estudio actuarial de la OIT. Si bien el sector empresarial puede darse el lujo de pensar que esta organización es un árbitro neutral, la experiencia muestra que esto no es del todo cierto. La posición correcta no puede ser otro que salir decididamente a enfrentar la campaña engañosa de la cúpula empresarial. Hagámoslo con decisión y persistencia.