Nuevo concepto de soberanía

A la vez que se enaltece de mantener su tradición de apertura democrática en el ámbito del debate nacional, El Panamá América estima que es conveniente esclarecer la vigencia de algunas nociones conceptuales, en este caso sobre el Derecho Internacional Público, que son motivo de revisión internacional por lo menos después de la segunda mitad del siglo XX.

El concepto de soberanía territorial, por ejemplo, que arrancó del proceso histórico formativo de las nacionalidades latinoamericanas, defendió a rajatabla la integridad espacial del territorio nacional en los niveles terrestre, marino y aéreo.

Sin embargo, la necesidad de afrontar nuevos problemas contemporáneos ha llevado progresivamente a la redefinición de la concepción tradicional de la soberanía nacional.

Cuando las naciones del Pacífico Sur, Ecuador, Perú y Chile, por ejemplo, proclamaron las 200 millas marinas como frontera marina para defender sus recursos pesqueros, potencias pesqueras como Estados Unidos y la Unión Soviética no aceptaron la doctrina territorial marina que en Panamá alcanzó rango de ley de la República.

A raíz de la controversia, las Naciones Unidas iniciaron discusiones para debatir en un contexto más amplio la posibilidad de alcanzar reglas de validez internacional para la preservación soberana de los recursos pesqueros y minerales.

La aprobación de los Derechos del Mar por consenso de estados miembros de la ONU fue un modelo de la redefinición de la soberanía marina que interelaciona y beneficia a los países ribereños, más allá de la noción de las 200 millas.

Procesos similares de redefinición de soberanía se advierte en los campos de la cooperación internacional para combatir el narcotráfico, lavado de dinero de diverso origen, estrategia militar, lucha antiterrorista, etc.

Se parte del principio de que un país no puede defenderse sólo del narcotráfico, lavado de dinero o el terrorismo sino que la naturaleza internacional de estos delitos demanda respuestas igualmente supranacionales.

La turbia división internacional del trabajo en el narcotráfico reconoce la secuencia de países productores de coca - Bolivia y Perú -, países refinadores - Colombia y México-, países de tránsito - Panamá y Centroamérica - y países consumidores y abastecedores de dinero por venta ilegal - Estados Unidos y Europa.

El combate contra el narcotráfico en esa perspectiva internacional requiere respuestas integrales de ayuda recíproca de carácter multinacional, sin omitir ninguna de las fases.

Sin embargo, los convenios de cooperación bilateral o multilateral no deben instrumentarse al precio de la subordinación y la entrega de las decisiones y acciones que se apliquen en territorio bajo soberanía nacional.

El desafío es defender la nacionalidad dentro de lo supranacional, pero aislarse del ámbito supranacional en una cerrada defensa de la soberanía nacional conduce a posturas inocuas.