Pacto MAMI y la nación emparchada

La Constitución es el estatuto que establece las reglas básicas de cómo ejercer el poder político y las salvaguardas de todo ciudadano contra los abusos de ese poder estableciendo derechos y garantías fundamentales. Vivimos una época que se caracteriza por una mutación muy radical de los paradigmas que hasta entonces rigen la vida de la sociedad mundial. Es por eso que Panamá debe adecuarse a esa realidad; lo cual pasa por un cuidadoso entendimiento de qué es lo que sucede fuera de nuestras fronteras y así insertarnos con eficiencia en los circuitos de interacción comercial y sociocultural con países hermanos.
A pesar de la gran responsabilidad que acarrea gobernar una nación, asistimos a un espectáculo de irresponsabilidad, miopía política y mediocridad durante el pasado período de transición en el que se puede decir que había dos gobiernos: uno de "brazos caídos" y otro que improvisó en la designación de su equipo de trabajo. Las declaraciones de los actuales gobernantes son preocupantes por lo superficiales. El Gabinete se conformó en el mismo tiempo que el irresponsable gobierno mireyista y no hubo transición. Vienen cinco años más de lo mismo.
Las apresuradas reformas a la Constitución fueron un intento de los grandes partidos que monopolizan el debate nacional de ganar tiempo y de impedir una real transformación integral de las estructuras de gobierno guiados por un instintivo automatismo anticonstituyente. Lo que se inició como un intento loable de cambiar la institucionalidad del poder público, se convirtió en lo que realmente se buscaba: distorsionar el proyecto inicial que contenía muchas reformas importantes y necesarias al estatuto fundamental patrio para controlar el proceso de cambio.
En los tres meses postelección se manipuló una necesidad sentida en el pueblo para revestir el acomodo y los arreglos politiqueros del mireyismo (ex Partido Arnulfista) y una facción del PRD; cayendo así la credibilidad de los detentadores del poder, entrantes y salientes. Las reformas electorales y tributarias del 2002 tienen que ser recordadas. Las estrategias de ambos partidos coinciden y sólo se disputan cuestiones tácticas.
El Estado requiere de tres transformaciones: 1- Complementar la democracia representativa con mecanismos de democracia participativa o democracia directa, que implica institucionalizar las figuras de la iniciativa popular legislativa, los cabildos abiertos, los referendos, plebiscitos, formas de auditoría ciudadana, entre otras. Ello ampliaría el margen de legitimidad de las autoridades sin caer en el hiperdemocratismo paralizante o en gobiernos asamblearios de masas desbordadas. 2- La consagración del principio de transparencia en la gestión pública dando carácter más coactivo e independiente a los órganos de fiscalización como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría de la Administración, la Procuraduría de la Nación, la Contraloría, etc. 3- La limitación del poder para evitar abusos. Tienen que fortalecerse las garantías fundamentales y crearse nuevas figuras que permitan al ciudadano común protegerse de los eventuales excesos de los gobernantes. Otro punto que va a la "médula" de los vicios del sistema político es la neutralización de la tradición presidencialista que eleva a status de semidiós a quien gana la Presidencia. Se lograría balancear el sistema presidencialista introduciendo en una nueva Constitución un régimen semipresidencial con votos de censura al gabinete y reforzando el Legislativo en sus funciones de control político del Ejecutivo. Pero, ha predominado la viveza maquillada y, a parte de algunas innovaciones constitucionales positivas como el Tribunal de Cuentas, la libre postulación, la Constituyente, hemos perdido una gran oportunidad. La salida es el inicio de la recolección inmediata de firmas para que las cosas se hagan de la mejor manera a través de un debate en una Asamblea Constituyente que debió ser la vía original. Ahorrarse dinero y supuestos traumas al darle a los Organos de poder desprestigiados la potestad absoluta de introducir e imponer reformas, muchas superficiales y que no tendrían vigencia sino cinco años después, es una excusa barata y poco seria. Estos Organos son el principal objeto de una profunda reestructuración de la arquitectura y funcionalidad del sistema político.
Así como Moscoso enterró dos grandes legados de Arnulfo Arias, el Partido Arnulfista y la CSS al entregársela a lo más conspicuo e incompetente del sindicalerismo corrupto durante cuatro años, el torrijismo sufrirá un declive y desmitificación producto de la nueva realidad y las falsas expectativas creadas.