Panamá: urgencias económicas y políticas para un futuro sostenible

En un momento donde el enfoque debe centrarse en el desarrollo económico y la sostenibilidad financiera, Panamá enfrenta desafíos prioritarios que van más allá de las donaciones millonarias, espectáculos mediáticos o gastos superfluos. El país tiene una deuda pública de $51,812.8 millones hasta junio de 2024, una cifra que exige una revisión profunda de las políticas económicas y la estructura del gasto estatal. Las primeras acciones necesarias para mitigar el impacto de esta deuda creciente es reducir la cantidad de funcionarios públicos. Panamá cuenta con más de 270,000 empleados en el sector estatal, una cifra elevada que demanda un presupuesto considerable.

Redimensionar el tamaño del Estado no solo aliviaría el gasto, sino que también permitiría reorientar estos recursos hacia sectores estratégicos que impulsen el desarrollo. Para esto, es fundamental revisar los programas y áreas donde la función pública debe ser eficiente y evitar gasto innecesario.

Es imperativo que el país adopte una postura abierta hacia el libre mercado. Es necesario eliminar aquellas leyes y regulaciones que actúan como barreras para los productos y servicios, limitando la competencia y la variedad de opciones para el consumidor. Panamá tiene un potencial enorme para competir en los mercados internacionales, y permitir que los empresarios e innovadores entren y operen sin restricciones burocráticas fomentará un clima de negocio más dinámico. Los procesos de apertura de empresas y los trámites estatales en general representan una carga administrativa significativa. Para reducir las barreras en la creación de empresas, es esencial estandarizar y simplificar los procesos burocráticos. Implementar un sistema que permita la creación de empresas de manera rápida y eficiente es un paso fundamental hacia una economía más activa y diversa, que genere empleo y fomente el espíritu emprendedor.

El Código de Trabajo en Panamá requiere una actualización para adaptarse a las necesidades del mercado laboral actual. Esta reforma debe enfocarse en equilibrar los derechos y deberes de empleadores y empleados, fomentando una relación laboral flexible que incentive la contratación y, al mismo tiempo, proteja los derechos fundamentales de los trabajadores. Un mercado laboral más ágil permitirá que más personas se inserten en el empleo formal y aporten a la economía.

La intervención estatal debe limitarse a sectores donde sea absolutamente necesaria, promoviendo así una economía más robusta y autogestionada. La regulación excesiva suele ser un freno para el crecimiento y la inversión. Para que Panamá avance en términos económicos, es fundamental reducir la cantidad de regulaciones que obstaculizan el crecimiento y limitar el tamaño del Estado a sus funciones esenciales.

Panamá necesita un enfoque realista y sostenible que lo libere de su dependencia del endeudamiento y le permita crecer de manera autónoma y competitiva. Esto implica cambiar las prioridades hacia un desarrollo económico genuino, sin caer en espectáculos mediáticos ni donaciones millonarias que no contribuyen a los verdaderos intereses de la población. La visión debe ser una economía más libre, con menos intervención estatal y más oportunidades para que el talento panameño pueda desarrollarse en un entorno competitivo y próspero.