Polémica por instalación de antenas de telefonía móvil
Los permisos de construcción para la instalación de infraestructuras de telefonía celular, troncal y similares, en el distrito capital, continúan vigente luego que el Consejo Municipal de Panamá no pudo tomar ayer una decisión al respecto por falta de los informes técnicos del Ente Regulador, la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) y el Ministerio de Vivienda sobre este tipo de obras. La presidenta de la comisión accidental nombrada para estudiar este problema, Minerva de Batista, denunció que el Ente Regulador, el MIVI, y la ANAM no entregaron los informes que habían prometido para la sesión que se efectuó ayer.
Batista advirtió que estas entidades, con excepción del Ministerio de Salud, que sí emitió una opinión al respecto, "han guardado silencio ante la demanda de los residentes de las barriadas que se han visto afectadas por estas estructuras, lo que representa un irrespeto hacia el Consejo Municipal de Panamá".
La concejal indicó que la comisión accidental acordó solicitar al pleno del Consejo Municipal una prórroga en sus funciones a fin de servir de vehículo de las inquietudes de los residentes que se sienten perjudicados por la instalación de las antenas, algunas de ellas, con menos de dos metros de distancia de sus residencias, lo que aducen podría provocar enfermedades por las ondas que estas emanan. Indicó que también se pidió al pleno del concejo que inste a las instituciones públicas involucradas en el problema a que presenten su informe técnico para que está instancia pueda adoptar una decisión al respecto.
Precisó que el Ministerio de Salud, en una nota enviada por el Director General de Salud, Esteban Morales, consideró que en base a los estudios que se han realizado a nivel de la Organización Mundial de la Salud (OMS), no se puede afirmar que existan daños físicos para las personas por la instalación de las antenas de transmisión, sin embargo, en la nota oficial, las empresas deben tomar en consideración la salud mental de la comunidad al momento de construir estas infraestructuras.
"En la actualidad, la Organización Mundial para la Salud, realiza estudios para verificar si existen riesgos contra la salud con la instalación de este tipo de estructuras, pero los mismos estarán listos para el año 2005 aproximadamente", acotó la concejal. Por otro lado, los residentes de Villa Soberanía, residenciales Coloniales y La Locería, barrios afectados por la instalación de una antena, efectuaron anoche una reunión, en la cual especialistas en ingeniería química de la Defensoría del Pueblo, señalaron los daños que pueden causar a la salud las radiaciones electromagnéticas emitidas por las antenas de telefonía celular móvil.
Según los expertos, a corto plazo las radiaciones electromagnéticas pueden causar enfermedades tales como: cefaleas, insomnio, ansiedad, depresión, pérdida de la memoria, malformaciones congénitas y alergias. A largo plazo, pueden aparecer enfermedades como: leucemia infantil, cánceres y abortos. De acuerdo con los residentes este tipo de antenas deben colocarse entre 500 y 1000 metros de todo lugar habitado para seguridad de la población. Los afectados solicitan a las autoridades de salud que no admitan la instalación o uso de estas antenas hasta tanto no se demuestre científicamente su inocuidad.
También denuncian que el vacío informativo que existe y el desconocimiento de los ciudadanos sobre los posibles efectos de las antenas de telefonía móvil, permite que se faciliten su instalación alquilando espacios a través de contratos de alta duración. Piden que debe existir una regulación técnica que garantice el derecho a la salud de la población.
Batista advirtió que estas entidades, con excepción del Ministerio de Salud, que sí emitió una opinión al respecto, "han guardado silencio ante la demanda de los residentes de las barriadas que se han visto afectadas por estas estructuras, lo que representa un irrespeto hacia el Consejo Municipal de Panamá".
La concejal indicó que la comisión accidental acordó solicitar al pleno del Consejo Municipal una prórroga en sus funciones a fin de servir de vehículo de las inquietudes de los residentes que se sienten perjudicados por la instalación de las antenas, algunas de ellas, con menos de dos metros de distancia de sus residencias, lo que aducen podría provocar enfermedades por las ondas que estas emanan. Indicó que también se pidió al pleno del concejo que inste a las instituciones públicas involucradas en el problema a que presenten su informe técnico para que está instancia pueda adoptar una decisión al respecto.
Precisó que el Ministerio de Salud, en una nota enviada por el Director General de Salud, Esteban Morales, consideró que en base a los estudios que se han realizado a nivel de la Organización Mundial de la Salud (OMS), no se puede afirmar que existan daños físicos para las personas por la instalación de las antenas de transmisión, sin embargo, en la nota oficial, las empresas deben tomar en consideración la salud mental de la comunidad al momento de construir estas infraestructuras.
"En la actualidad, la Organización Mundial para la Salud, realiza estudios para verificar si existen riesgos contra la salud con la instalación de este tipo de estructuras, pero los mismos estarán listos para el año 2005 aproximadamente", acotó la concejal. Por otro lado, los residentes de Villa Soberanía, residenciales Coloniales y La Locería, barrios afectados por la instalación de una antena, efectuaron anoche una reunión, en la cual especialistas en ingeniería química de la Defensoría del Pueblo, señalaron los daños que pueden causar a la salud las radiaciones electromagnéticas emitidas por las antenas de telefonía celular móvil.
Según los expertos, a corto plazo las radiaciones electromagnéticas pueden causar enfermedades tales como: cefaleas, insomnio, ansiedad, depresión, pérdida de la memoria, malformaciones congénitas y alergias. A largo plazo, pueden aparecer enfermedades como: leucemia infantil, cánceres y abortos. De acuerdo con los residentes este tipo de antenas deben colocarse entre 500 y 1000 metros de todo lugar habitado para seguridad de la población. Los afectados solicitan a las autoridades de salud que no admitan la instalación o uso de estas antenas hasta tanto no se demuestre científicamente su inocuidad.
También denuncian que el vacío informativo que existe y el desconocimiento de los ciudadanos sobre los posibles efectos de las antenas de telefonía móvil, permite que se faciliten su instalación alquilando espacios a través de contratos de alta duración. Piden que debe existir una regulación técnica que garantice el derecho a la salud de la población.
