Principios cívicos

La sociedad panameña tiene establecidos suficientes mecanismos legales y materiales (arbitrales, consensuales, judiciales, etc.) para la resolución de todo tipo de conflictos. Además, ninguno de los conflictos es tan extraordinario que deba resolverse al margen de la ley, ni de las reglas fundadas en los consensos y en la Constitución del país.

De ahí que ante las enormes dificultades que enfrentan algunos problemas nacionales (designación a la Alcaldía capitalina, por ejemplo), supuestamente derivadas de ciertos “vacíos jurídicos”, resulta preocupante que algunos sectores, por las presiones de tiempo, estén proponiendo una “solución política” y no legal, lo cual huele a un carpetazo al asunto al más puro estilo dictatorial. Este no es el camino que hemos propugnado las fuerzas cívicas nacionales como cultura pública de convivencia en casi un siglo de historia republicana.

La convivencia cívica que debemos propiciar todos, especialmente la parte interesada en cualquier conflicto legal, debe partir por respetar las normas comunes que nos rigen. Aceptar esta regla básica es garantía de convivencia ciudadana, aunque limiten o controlen la voluntad individual.

Ese principio debe ser reconocido por todos, pues es la forma que tenemos para actuar en sociedad ajustados a la legalidad vigente y conforme a los valores democráticos. Los políticos deben potenciar estos principios cívicos en el ejercicio de sus funciones públicas; de lo contrario, ponen en riesgo la pérdida de nuestros derechos y el marco político consagrado en nuestro sistema jurídico.