¿Qué hacer con las casas condenadas?

De acuerdo con una publicación reciente, en la ciudad de Panamá hay 269 casas condenadas, donde habitan 3,269 familias. La mayoría de estas viviendas están en El Chorrillo, Santa Ana, Calidonia y San Felipe. En Colón hay otras tantas, en iguales condiciones. Gran parte de ellas fueron construidas a principios de siglo y representan un peligro permanente para ocupantes y transeúntes, por el estado de deterioro en que se encuentran. Presentan riesgo de incendio, desplome o derrumbe. Algunas tienen problemas serios de salubridad y contaminación por derrames de aguas negras a causa de roturas en sus sistemas sanitarios, que son difíciles de corregir y atentan contra la salud de sus residentes. La mayoría de estas viejas estructuras han sido abandonadas por sus antiguos propietarios y son administradas por los mismos inquilinos o por autoridades locales municipales, quienes tratan de repararlas. Dejar éstas tal como están significa mantener los peligros latentes y permanentes de seguridad y sanidad, aunque sean reparadas. Sin embargo, para poderlas demoler, primero hay que trasladar a sus ocupantes a otras instalaciones más seguras.
Gran parte de las familias que ocupan estas casas condenadas no tiene capacidad crediticia para optar por una vivienda propia en una barriada popular o por un apartamento en el mismo centro de la ciudad, porque el proveedor o proveedora no tiene trabajo fijo o está desempleado(a) y no puede asumir el compromiso de una hipoteca bancaria a largo plazo.
Otro aspecto que debe considerarse es que la mayoría de estas familias no acepta que se les traslade a otros sectores y mucho menos a las afueras de la ciudad, lejos de su barrio original. El argumento es que por muchos años han residido en el lugar, han creado a sus hijos allí, han formado una relación comunal con sus vecinos y han desarrollado sus actividades económicas de subsistencia en el mismo barrio. Además, que todo les queda cerca y que si se mudan a una barriada en las afueras no tienen dinero para transportarse diariamente al centro de la ciudad.
A pesar de que por años el Gobierno ha construido muchos edificios de apartamentos, las casas condenadas no se han eliminado al mismo ritmo.
Se ha demostrado que cuando se construyen edificios de apartamentos en estos barrios, muchas familias no salen de las casas condenadas para alquilar o comprar un apartamento porque no pueden pagarlo. Y esto se debe a que el enfoque ha sido ofrecer viviendas económicas y no resolver el problema habitacional del 100% de las familias que viven en cada casa condenada, independientemente de su situación socioeconómica.
¿Cómo eliminar las casas condenadas, valorizar las áreas deterioradas de la ciudad, comprándoselas a los propietarios de las tierras, a la vez que se le ofrece vivienda decente, decorosa, adecuada y económica a los ocupantes, en el mismo barrio o calle donde han vivido gran parte de su vida? Este es el problema de las autoridades.
Hace algunos años se experimentó, con buenos resultados, con un proyecto piloto dentro de un programa de renovación urbana, que se basó en construir en las mismas calles o sectores casas comunitarias de madera, bloques y zinc, las cuales consistían en cuartos amplios de techos altos, para permitir la construcción de altillos (lo que permite ampliar el área del cuarto en un 60% adicional), con baterías de servicios sanitarios y baños comunales en una proporción de una batería por cada cinco familias, con lavandería y tendederos de ropa también comunales. El diseño del complejo incluía balcones comunales que comunicaban todos los cuartos y acceso a un patio interno con jardines para reuniones, emulando el diseño original. Estas áreas comunales debían ser mantenidas por los propios inquilinos o propietarios, para lo cual se les daba charlas de capacitación y seguimiento permanente. Esta solución recogía la idiosincrasia de los inquilinos y era una solución sumamente barata, acorde con las posibilidades económicas de los ocupantes. La solución incluía cuartos habitacionales de diferentes tamaños, según el número de miembros en las familias de la casa condenada seleccionada.
Para iniciar este tipo de programa, sólo se necesita disponer de uno o dos lotes vacíos donde construir el primer complejo habitacional, para mudar a todas las familias de una casa condenada completa (seleccionada previamente y después de consultar con sus ocupantes). Una vez desocupada la casa, se procedía a tumbarla y a construir sobre ese lote el siguiente complejo habitacional, que serviría para mudar a otro grupo de familias de otra casa condenada cercana, y así sucesivamente, hasta reemplazar todas de esa calle por viviendas de tipo comunitarias. En otras palabras, se iban reemplazando casas condenas por casas comunitarias, cerca unas de las otras, en un proceso continuo y permanente, manteniendo la estética del barrio original. Sin embargo, ésta no es la única solución.
Si hoy se prefiere construir edificios modernos en vez de casas comunitarias, se podría diseñar un programa especial para ese propósito. Como la mayoría de las familias que ocupan las casas condenadas no pueden pagar el costo de un apartamento tradicional ni asumir el compromiso de una hipoteca, habría que crear un programa especial para que estas familias ocupen los nuevos edificios, independientemente de su nivel socioeconómico.
Para eso, habría que crear un fondo especial para resolver el problema de las casas condenadas. Este fondo pagaría las investigaciones sociales de las familias, el diseño y construcción de los edificios, la compra de terrenos, la mudanza de las residentes, los costos de demolición de la vivienda desocupada, la limpieza del lote o terreno y su habilitación para construir sobre el mismo un nuevo edificio. Este fondo no reembolsable funcionaría como un subsidio del gobierno central, sin cargo alguno a los inquilinos beneficiados, con el objetivo de eliminar las casas condenadas.
El programa debe contemplar la reubicación en edificios especiales del 100% de los inquilinos de las casas condenadas, y no sólo a las familias con capacidad de pago. Preferiblemente, las nuevas casas serían en las mismas calles o barrios, con excepción del Casco Viejo. Debe permitir que sólo se le cobre a las familias de bajos ingresos una mensualidad mínima de mantenimiento y una cuota mínima, de acuerdo a sus ingresos comprobados, para amortiguar la inversión. No se debe discriminar contra trabajadores eventuales o temporales, ya que la mayoría de los inquilinos no tiene un trabajo fijo.
Con este tipo de programa de renovación urbana social, se le daría a los residentes de las casas condenadas tranquilidad, seguridad y salubridad, respetando su entorno social y capacitándolos para la conservación del inmueble. Por otro lado, se valorizarían las áreas de la ciudad, se mejoraría la estética urbana del barrio, se eliminaría el peligro de incendio y derrumbes y se mejoraría la salud ambiental, compensando a los propietarios por sus tierras.
¿Que no se puede hacer este tipo de programa? Experimentemos, hagamos un caso piloto, consultemos con los residentes de las casas condenadas. Si realmente queremos eliminar las casas condenadas, debemos crear un programa especial para ese propósito específico, sin descontinuar los programas normales del Ministerio de Vivienda. Tenemos que enfrentar esta realidad y trabajar con la gente en soluciones prácticas y viables dentro de su realidad socioeconómica, para mejorar el ambiente de estos barrios y proteger la salud individual y ambiental de estos humildes panameños.
¿Que de dónde saldrá el dinero para subsidiar la construcción de estos edificios especiales de renovación urbana social? Con los ahorros que se producirían con evitar incendios, reparaciones de las viejas estructuras, mantenimiento temporal de los damnificados, atención medica de heridos por derrumbes, y atención médica y hospitalaria de enfermedades de niños y adultos infestados por el ambiente malsano de estas casas. Este fondo podría ser reforzado con dineros provenientes de los aportes anuales del Canal o del Fondo Fiduciario.
Seamos creativos, tanto en la búsqueda de soluciones como en la búsqueda de fondos. Sólo con los millones que anualmente se despilfarran en miles de otras cosas superfluas, tendríamos para enfrentar este problema. Lo que no podemos hacer, ahora que nuestra República cumple cien años de existencia, es quedarnos con los brazos cruzados.