Como se ha señalado en diversas ocasiones, el Canal de Panamá es la mayor y más importante empresa que opera en Panamá.

A este fin solo baste recordar que en el 2018 los ingresos de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) fueron de $2,484.7 millones, mientras que el excedente económico ascendió a $1,857.1 millones, cifras que representan el 3.9% y el 2.9% del producto interno bruto (PIB), respectivamente.

La propiedad de esta empresa, como es de conocimiento público, es en principio de todos los panameños y panameñas, tal como se desprende del artículo 315 de la Constitución Política de la República de Panamá, el cual establece que: "El Canal de Panamá constituye un patrimonio inalienable de la Nación panameña". Más allá de este importante precepto constitucional vale la pena hacer una pregunta: ¿es realmente el pueblo panameño el dueño del Canal?

Para contestar esta pregunta vale la pena recordar algunos de los derechos que otorga la propiedad sobre los activos a quien los posee.

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Entre estos se destacan el uso, el disfrute, así como la capacidad de disponer y revindicar.

Si nos centramos en el derecho al disfrute podemos partir señalando que en el año 2018 la ACP entregó al Gobierno Central cerca de $1,697.5 millones.

Esto, sin embargo, no significa que los mismos hayan sido utilizados en beneficio de la población.

En medio de la corrupción que penetra toda la esfera gubernamental, es lógico concluir que una parte significativa de los mismos es simplemente objeto de robo y rapiña.

Más aún, teniendo en cuenta que la tasa de impuesto que pagan las personas naturales y jurídicas de más altos ingresos en Panamá es baja comparada con el promedio de Centroamérica y el resto de América Latina y el Caribe, se puede afirmar que una buena parte del excedente generado por el Canal de Panamá es utilizado para que los ricos no paguen impuestos.

Es claro entonces que el derecho al usufructo no es precisamente de la población, es de los políticos corruptos y de los sectores económicamente dominantes del país.

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Por otra parte, cabe preguntarse quién concretamente decide sobre el uso que se le puede dar al conjunto de los activos de la ACP, los que ascienden a $13,707.8 millones, así como quién ejerce efectivamente el derecho de generar deudas sobre dichos activos, la cual actualmente alcanza un monto equivalente al 3.5% del PIB.

La respuesta concreta es obvia: la junta directiva de la ACP, en la que solo se encuentran representados los sectores económicamente dominantes del país, los que, por tanto, controlan el derecho de uso y disposición sobre los activos vinculados al Canal de Panamá.

Es escandaloso que, de aceptarse las propuestas del actual gobierno, un solo grupo financiero llegue a controlar entre el 26% y el 36% de los votos dentro de la junta directiva de la ACP.

En conclusión: las grandes mayorías de la población panameña han sido expropiadas de la real propiedad del Canal de Panamá por los sectores económicamente dominantes.

Es necesario, entonces, iniciar y profundizar la movilización nacional tendiente a buscar la real recuperación del Canal.

Economista.