Racionalidad Negociadora en los Tratados
Desde 1903, la República ha suscrito y ratificado 769 instrumentos jurídicos internacionales que se encuentran vigentes, de los cuales 419 son convenios bilaterales, 89 con Estados Unidos, 22 con México y 18 con España; mientras que 350 son convenios multilaterales, que conllevan a la participación en organismos internacionales. La ejecución de estos tratados se realiza con la supervisión del Ministerio de Relaciones Exteriores y en algunos casos a través de competencias nacionales en el Órgano Ejecutivo, el Órgano Judicial e incluso entidades autónomas.
No existe la menor duda, que el relacionamiento externo del país corresponde al interés de fomentar la cooperación con fundamento en la equidad, la reciprocidad y la conveniencia nacional, que ha ido creciendo con el proceso de su institucionalización, creando asignaciones presupuestarias del pago de cuotas anuales para ostentar la calidad de miembro pleno con derecho a elegir y ser elegido en los organismos internacionales. Los tratados en la historia de las relaciones internacionales han sido los medios efectivos para desarrollar la cooperación pacífica entre las naciones, porque cuando dos Estados contratan, se entiende que aparte del interés político de promover armoniosas relaciones también existe también el propósito de fomentar la cooperación que conlleva el acceder a beneficios tales como: la asistencia técnica, el adiestramiento, las donaciones, los préstamos no reembolsables, los créditos y la transferencia de tecnología.
Sin embargo, para aprovechar estos beneficios se precisa del fortalecimiento institucional de la Cancillería a fin de eliminar la dispersión de recursos y duplicidad de funciones en la captación de cooperación técnica internacional que hoy día se encuentra atomizada en los ministerios. Nuestra Cancillería, precisa optimizar una Dirección General de Negociaciones que coordine la negociación y ejecución de los Tratados, evaluando los compromisos de Estado, los costos de su ejecución y los beneficios políticos como económicos que se derivan de los mismos; mientras se apoya técnicamente en las negociaciones a las instituciones que les corresponda ejecutarlos.
La Cancillería estará en condiciones de racionalizar la participación del Estado en las Comisiones Mixtas que administran los Acuerdos Bilaterales, supervisando las dependencias nacionales que atienden los compromisos multilaterales. Antes de contratar disponer de la información vertical y horizontal determinando las conveniencias e inconveniencias para que los niveles responsables tomen ponderamente las decisiones más acertadas. Mientras que, con la adecuada articulación del servicio exterior será posible identificar las áreas de cooperación o recurrir a los mecanismos de la cooperación triangular consignados en los Acuerdos bilaterales, es decir procurar que un Tercer Estado o una organización intergubernamental o no gubernamental financie los proyectos en los respectivos países.
Nos enfrentamos al imperativo de afinar las herramientas multilaterales de política exterior frente a las exigencias de la diplomacia mundial, porque en la medida que el Estado se compromete internacionalmente asimismo crece también el tamaño de la burocracia y con ello el presupuesto nacional, por ello se precisa de un inventario de costos beneficios que supone la participación del país en los organismos internacionales. De allí, la necesidad de determinar si las cuotas asignadas en presupuesto de la nación por su participación se corresponden con los beneficios de asistencia y cooperación técnica que debe recibir el país.
Nuestro país está urgido de recursos financieros internacionales, no sólo para el macroproyecto de la ampliación del Canal sino para los programas socioeconómicos; por lo cual se precisa de una racionalidad negociadora para cuantificar los beneficios que se derivan de los organismos internacionales, actualizando las agendas multilaterales de reuniones, posesionando en lo posible a nacionales en los órganos de dirección, negociando el apoyo a candidaturas de otros países bajo la estricta reciprocidad.
La permanencia de las instituciones, no está en su rigidez sino en su capacidad para el cambio y la reingeniería que se propone poner en marcha la cancillería panameña en su estructura y el servicio exterior permitirá la articulación ventajosa del país, acorde con los retos y oportunidades del competitivo escenario internacional.
No existe la menor duda, que el relacionamiento externo del país corresponde al interés de fomentar la cooperación con fundamento en la equidad, la reciprocidad y la conveniencia nacional, que ha ido creciendo con el proceso de su institucionalización, creando asignaciones presupuestarias del pago de cuotas anuales para ostentar la calidad de miembro pleno con derecho a elegir y ser elegido en los organismos internacionales. Los tratados en la historia de las relaciones internacionales han sido los medios efectivos para desarrollar la cooperación pacífica entre las naciones, porque cuando dos Estados contratan, se entiende que aparte del interés político de promover armoniosas relaciones también existe también el propósito de fomentar la cooperación que conlleva el acceder a beneficios tales como: la asistencia técnica, el adiestramiento, las donaciones, los préstamos no reembolsables, los créditos y la transferencia de tecnología.
Sin embargo, para aprovechar estos beneficios se precisa del fortalecimiento institucional de la Cancillería a fin de eliminar la dispersión de recursos y duplicidad de funciones en la captación de cooperación técnica internacional que hoy día se encuentra atomizada en los ministerios. Nuestra Cancillería, precisa optimizar una Dirección General de Negociaciones que coordine la negociación y ejecución de los Tratados, evaluando los compromisos de Estado, los costos de su ejecución y los beneficios políticos como económicos que se derivan de los mismos; mientras se apoya técnicamente en las negociaciones a las instituciones que les corresponda ejecutarlos.
La Cancillería estará en condiciones de racionalizar la participación del Estado en las Comisiones Mixtas que administran los Acuerdos Bilaterales, supervisando las dependencias nacionales que atienden los compromisos multilaterales. Antes de contratar disponer de la información vertical y horizontal determinando las conveniencias e inconveniencias para que los niveles responsables tomen ponderamente las decisiones más acertadas. Mientras que, con la adecuada articulación del servicio exterior será posible identificar las áreas de cooperación o recurrir a los mecanismos de la cooperación triangular consignados en los Acuerdos bilaterales, es decir procurar que un Tercer Estado o una organización intergubernamental o no gubernamental financie los proyectos en los respectivos países.
Nos enfrentamos al imperativo de afinar las herramientas multilaterales de política exterior frente a las exigencias de la diplomacia mundial, porque en la medida que el Estado se compromete internacionalmente asimismo crece también el tamaño de la burocracia y con ello el presupuesto nacional, por ello se precisa de un inventario de costos beneficios que supone la participación del país en los organismos internacionales. De allí, la necesidad de determinar si las cuotas asignadas en presupuesto de la nación por su participación se corresponden con los beneficios de asistencia y cooperación técnica que debe recibir el país.
Nuestro país está urgido de recursos financieros internacionales, no sólo para el macroproyecto de la ampliación del Canal sino para los programas socioeconómicos; por lo cual se precisa de una racionalidad negociadora para cuantificar los beneficios que se derivan de los organismos internacionales, actualizando las agendas multilaterales de reuniones, posesionando en lo posible a nacionales en los órganos de dirección, negociando el apoyo a candidaturas de otros países bajo la estricta reciprocidad.
La permanencia de las instituciones, no está en su rigidez sino en su capacidad para el cambio y la reingeniería que se propone poner en marcha la cancillería panameña en su estructura y el servicio exterior permitirá la articulación ventajosa del país, acorde con los retos y oportunidades del competitivo escenario internacional.
