Reformar la Reforma Agraria

Luego de la II Guerra Mundial, los Estados Unidos impulsaron un agresivo programa de Reforma Agraria en todo el mundo. La tesis era que el feudalismo mantenía a los pueblos en el atraso y el guerrerismo, así que había que acabar con éste atomizando los latifundios. En países como Japón, la Reforma Agraria produjo los resultados deseados; en los países europeos, los gobiernos socialistas lograron un efecto similar con altos impuestos a los bienes inmuebles. Hay que recordar que por milenios el capital era la tierra.
En Panamá se implementó la respectiva Reforma Agraria junto con proyectos como los Asentamientos Campesinos y los Ingenios estatales. En general, los resultados fueron fallidos. La visión de que la tierra inculta era una injusticia social y que la tierra debía ser para quien la cultivara, choca con la visión moderna de la conservación y protección ambientales y con las necesarias economías de escala para lograr competitividad. Por otra parte, la población rural disminuye aceleradamente y las tierras del interior encuentran usos más rentables en el turismo, el ecoturismo y los créditos de carbono, por ejemplo.
El gran terrateniente de Panamá es el Estado panameño y los grandes beneficiarios de esa riqueza no son los pobres campesinos, sino los poderosos de turno que se venden tierras estatales a pocos centavos el metro cuadrado para revenderlas con pingües ganancias. Ya es hora de reformar la Reforma Agraria.
Hay que determinar -con un "Plan Nacional de Uso de Suelos"- qué tierras deben dedicarse a parque nacionales y áreas protegidas, que nunca deberán venderse; qué áreas son de destino agrícola o pecuario; y cuáles son de uso institucional, comercial, industrial, turístico o residencial. Luego de esto, el Estado debe traspasar a los municipios la titularidad de las tierras estatales para que se usen dentro de los destinos previstos en el "Plan Nacional de Uso de Suelos" y se vendan -aquellas tierras que no se deben reservar para la conservación- al mejor postor y a precio de mercado. Además, se debe dar a los municipios el cobro del impuesto de inmueble. Esta combinación de acciones debe producir una mejor "distribución de la riqueza" que todas las reformas agrarias y tributarias que se han intentado hasta la fecha.