Rodin 2 vs. Rodín 1

El 16 de diciembre de 1993, la Asamblea Legislativa aprobó el Contrato Ley que creó el Puerto de Contenedores de Manzanillo, en Colón, hoy convertido en el centro de transbordo más importante de Latinoamérica. Antes de someter este proyecto a la consideración del pleno legislativo, y estando bajo mi cargo el Ministerio de Comercio e Industrias, me correspondió negociar este proyecto con el consorcio Rodin-Stevedoring Services of America, así como también sustentar su aprobación ante las juntas directivas de la entonces Autoridad Portuaria Nacional (APN), de la Zona Libre de Colón (ZLC), del Consejo Económico Nacional (CENA) y del Consejo de Gabinete.
Este proyecto tuvo que enfrentar la oposición de empresarios que consideraban que no se debían conceder terrenos destinados a las futuras expansiones de la Zona Libre, y de obreros portuarios que conformaban el más temido sindicato del país ya que, por primera vez, se intentaba privatizar una de las actividades más importantes y sensitivas para la economía nacional. En aquel entonces, nuestra meta era posesionar a Panamá como líder de la actividad marítima mundial, para lo cual era necesario modernizar nuestros puertos; labor que, por su costo político, parecía imposible de realizar debido a que su administración permanecía en control del Estado, y su manejo, en manos de los sindicatos portuarios. El dilema lo comprendió muy bien el Presidente Endara y después de escuchar nuestros planes, nos dio su aprobación y respaldo sin reservas.
Por su trayectoria mundial y por su amplia experiencia en el campo naval, originalmente quisimos que fuese la empresa Evergreen la que desarrollara Manzanillo. Luego de un viaje a Taiwán en el que personalmente me reuní con el Sr. Chang, Presidente de esa empresa, éste me informó que en aquellos momentos su empresa estaba realizando inversiones multimillonarias en el ramo de la aviación (Eva Air), que su asesor en Panamá opinaba que la situación política de nuestro país aún era inestable y que, consecuentemente, sobre la base de ambos argumentos declinaba nuestro ofrecimiento. Esto nos dejó con solamente dos alternativas; la primera era la que planteaba un grupo de inversionistas representado por el Ing. Roberto Moreno, y la otra la ofrecía el grupo MOINSA del Sr. Lew Rodin. Este último grupo re-exportaba desde una plataforma roll-on/roll-off en el mismo sitio en donde se planeaba construir el Puerto de Manzanillo, más de 50,000 autos LADA hacia Latinoamérica. Por tratarse de una empresa local seria e internacionalmente exitosa que daba trabajo a cientos de colonenses, procedimos en primera instancia a negociar con ellos.
Antes de presentar el Proyecto de Ley a la Asamblea, sus detractores esparcieron el rumor de que mi persona y otros funcionarios de alta jerarquía estábamos recibiendo regalías de parte del grupo Rodin. De igual manera, vaticinaban que el proyecto de ley sería rechazado por la Asamblea Legislativa debido a que, en aquella época, nuestro gobierno estaba en franca desventaja parlamentaria, pues el PRD y PDC, conformaban casi dos tercios de la Asamblea. El Sr. Lew Rodin, representante de MOINSA y negociador por parte del consorcio, nos expresó su preocupación a ese respecto y nos informó que algunas personas se le habían acercado para ofrecerle respaldo parlamentario a cambio de contribuciones comprometedoras. Conscientes de que el futuro de Panamá dependía de la integridad, transparencia y visión de quienes conformábamos aquél gobierno de transición, nuestra respuesta fue enfática: "el proyecto es muy bueno para el país, cuenta con el respaldo total del Ejecutivo y de las fuerzas vivas de Colón, y le podemos garantizar que el Ministerio de Comercio e Industrias sabrá sustentarlo adecuadamente ante el pleno de la Asamblea".
No obstante, advertimos, "si nos enteramos de que están ofreciendo contribuciones, retiraremos de inmediato nuestro respaldo al proyecto". La labor de promoción y sustentación la realizaron, por una parte, un abogado experto en cabildeo que contrató el consorcio con el fin de explicar las bondades del proyecto a los legisladores de oposición y, por otra, el Viceministro de Comercio y el personal de apoyo de la APN y de la ZLC, quienes se encargaron de las comisiones legislativas. Como consecuencia, muchos legisladores del PDC, y algunos del PRD, terminaron favoreciendo la aprobación del Contrato Ley (en ese entonces parecía no pesar tanto aún la rígida "línea de partido").
Como anécdotas que complementan este escrito, deseo relatar tres situaciones poco conocidas, de las muchas que se dieron durante las discusiones del proyecto ante el pleno de la Asamblea. La primera tuvo como actor principal al entonces Director de la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI), Dr. Carlos A. Mendoza, quien se oponía al proyecto argumentando que se estaban utilizando tierras cuyo desarrollo le correspondía a esa institución y que debíamos esperar a que los estudios de uso de suelos de las áreas revertidas estuviesen listos. Dos años después, antes de que concluyeran dichos estudios, ya la ARI utilizaba el éxito del proyecto del Puerto de Manzanillo como punta de lanza de su gestión y en sus panfletos de propaganda.
La segunda anécdota, involucra al destacado empresario Stanley Motta, quien, como parte de la Junta Directiva de la ARI, manifestó su oposición al proyecto ante el pleno de la Asamblea, aduciendo que además de interferir con los planes de esa institución, el Puerto estaría utilizando tierras destinadas para el futuro desarrollo de la ZLC. Hoy en día, el grupo Motta es accionista importante del Puerto de Manzanillo y sus empresas en la ZLC son de las más beneficiadas por las importantes reducciones en el costo del transporte de contenedores que ha traído el mismo.
El tercer relato, se refiere a que la mayoría de los legisladores del PRD que se opusieron al proyecto alegaba que el gobierno estaba regalando el país, ya que las tarifas por movimiento de contenedores eran muy bajas y el pago de impuestos sobre utilidades casi nulo. Años después, el gobierno, conducido por un PRD, negoció y aprobó en la Asamblea un contrato similar con la empresa Evergreen, el cual ofrecía mayores ventajas que el de Manzanillo, por lo que también tuvieron que mejorar las tarifas negociadas por el gobierno Endara para el Puerto de Manzanillo, otorgando ventajas adicionales que anteriormente les habían parecido "regaladas".
Actualmente, nos encontramos ante una terrible encrucijada nacional. El 31 de diciembre pasado, la Asamblea aprobó por unanimidad el Contrato Ley que desarrollaría el Centro Multimodal Industrial y de Servicios (CEMIS) y, punto y seguido, surgieron temerarias acusaciones por supuestos actos de corrupción que tienen en entredicho la credibilidad de los tres órganos del Estado y amenazan con privar a Colón de las posibilidades de recibir otro impulso económico para salir adelante. Lo que parecía ser un excelente proyecto para el desarrollo integral de nuestro país, ha quedado en un angustiante y preocupante suspenso...
No puedo evitar preguntarme, ¿qué pudo motivar a los negociadores del Rodin 2 a cambiar el procedimiento que funcionó tan efectivamente para el Rodin 1?.... Tal vez haya sido el cambio generacional que sufrieron las empresas de esa familia o el cuestionable y abusado sistema de línea partidista parlamentaria impuesto por el PRD.
Sean las que sean las razones que produjeron esta aparente modificación en el "modus operandi" del grupo Rodin, la lección indica, una vez más, que en un país tan pequeño como el nuestro, tarde o temprano, la verdad sale a relucir y todo se sabe. Si queremos hacer Patria y proteger nuestra democracia, autoridades judiciales, políticos y empresarios tenemos que decir NO a las propuestas indecentes y a las prebendas, y trabajar por el beneficio de la colectividad, denunciando cualquier acto de corrupción. No podemos permitir que se destrocen las pocas posibilidades y buenos proyectos que se presentan para beneficio de la mayoría del pueblo panameño.
Después de todo, ¿quién creen ustedes que llevará la peor parte en esta controversia? Obviamente será el país, que somos todos...personas de bien e inescrupulosos (de los sectores públicos y privados), Iglesia Católica, partidos políticos y medios de comunicación social. Estamos a tiempo para que, por el bien de la Patria, pongamos un alto al desprestigio nacional generado, el cual se está aupando por diferentes intereses. De igual manera, el Ministerio Público tiene el deber de hacer buen uso de esta oportunidad única para dar un verdadero escarmiento a los responsables de estas violaciones y, de una vez por todas, dar el buen ejemplo poniéndole de verdad el cascabel al gato.
Piensa que el tema de la niñez no es realmente prioritario.. no hay un movimiento social que reclame los derechos de la infancia.
Troitiño destaca amargamente que en nombre del amor se han cometido las peores atrocidades contra la niñez y en nombre del amor tenemos la muerte de niños.

Según estadísticas del Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia, el 90 por ciento de los abusos sexuales de los menores se dan dentro del seno familiar.
La directora de la Dirección Nacional de la Niñez, Dra.Maribel de Lobo, informa que atienden entre 5 y 10 casos diarios de denuncias de maltrato infantil de cualquier forma, ya sea por abandono, maltrato físico, emocional, psicológico o el abuso sexual.
El maltrato que más se denuncia es el físico, un 60 por ciento, mientras que el mayor es el psicológico o emocional, pero no se revela, aseguró Lobo. Sólo en el Hospital del Niño se han atendido en el primer semestre de este año 131 casos, mientras que el año pasado en los 12 meses se registraron 173, cifras que revelan la gravedad de esta situación.
Precisamente esta dirección tiene entre sus funciones la protección de estos menores en riesgo social o en situaciones especialmente difíciles, como las enunciadas. Frente a estas agresiones lo primero que hace la dirección es brindarles protección.
Explica la Dra. Lobo que el ministerio tiene opciones como los hogares sustitutos y las instituciones de protección a la niñez. Los hogares sustitutos son madres que se ofrecen para cuidar a estos niños con perfil de maltrato, abandono y el ministerio les da un subsidio. Para contar con la aprobación, esta madre debe pasar una evaluación socioeconómica y psicológica.
"Hasta personas pobres están cuidando niños y le damos un subsidio. Tenemos casos de personas que han llenado las expectativas", aseveró Lobo.
Aclara que no todos los hogares sustitutos son subsidiados. "Puede ser un tío, un abuelo, una tía, un primo. Tratamos de buscar un hogar sustituto que tenga la solvencia y un familiar es lo ideal, es lo primero que siempre se investiga".
Si no hay un hogar sustituto se busca en el banco de datos una madre sustituta, y en última instancia, se recurre a las instituciones de protección a la niñez, consideradas alternativas de protección temporal porque el ambiente es bonito, pero no el ideal porque se le ve al niño como un todo y no individualmente, dijo Lobo.
Pero la dirección no sólo da tratamiento, también tienen programas de prevención como "Quiero ser", que es para niños que no están en riesgo social pero viven en situaciones de extrema pobreza, tienen mala conducta y les va mal en la escuela.
"No sólo estamos dando tratamiento, estamos previniendo el maltrato", reafirmó la Dra. Lobo.

La Dra. Nilda Santamaría, encargada del departamento de Salud Mental del Hospital del Niño, manifiesta que los casos que más se presentan son los de abuso físico, con menor frecuencia el sexual y en menor grado el psicológico.
Considera que el abuso psicológico es muy difícil de diagnosticar, pero advierte que está presente en todas las otras formas de abuso. "Cuando a una persona la abusan físicamente también le crean un abuso psicológico. Cuando la abusan sexualmente también, porque le están afectando su autoestima, seguridad; si alguien te golpea te está irrespetando, minimizando, despierta sentimientos de impotencia, de infelicidad, y eso es abuso psicológico toda la distancia".
En los abusos sexuales se da con mayor razón, porque obligan al menor a una actividad para la que no ha está preparado, que no desea y se abusa de su confianza porque él puede creer que es algo normal, ya que se trata de una persona de su familia, asegura.
Cuando un niño está hospitalizado y el diagnóstico es una sospecha de maltrato, el departamento de Trabajo Social envía un formulario al Ministerio de la Juventud, donde según Santamaría, deciden con quién se va el paciente tan pronto se le da de alta. "Nosotros no tenemos ninguna potestad para tomar ese tipo de decisiones".
Sobre las historias de abuso en el Hospital del Niño, revela situaciones extremas que van desde mordeduras, fracturas y hematomas, hasta la muerte de los pequeños. "Hemos tenido niños hospitalizados en cuidados intensivos que no han sobrevivido al maltrato".
La psiquiatra Santamaría considera que hay mucha crueldad, sobre todo mucho método de corrección errado. "La gente sigue diciendo a mí me pegaron y aquí estoy, que la letra entra con sangre; la gente de todos los niveles, inclusive los médicos, sigue justificando el maltrato físico".

El fiscal primero de Familia, Adolfo Pineda, afirma que "la situación es grave".
Explica que bajo la vigencia de la ley 27 de junio de 1995, reformada por la ley 38 de julio de 2001, se han presentado situaciones inmanejables de maltrato de niños, niñas y adolescentes.
Con la ley 38, la situación cambió porque todo conflicto dentro del hogar se ve como violencia doméstica sea un adulto o menor de edad la víctima. "No hace distinciones, pero las penas varían". Estas aumentaron de 1 a 3 años, o hasta los 5 años, dependiendo del daño, señala Pineda.
Sostiene que las leyes son efectivas y que hay fiscales especializados atendiendo esta materia y su trabajo lo examina un juez quien toma la decisión. "Los pasos se están cumpliendo, quizás el trámite es un poco demorado por falta de recursos humanos y material".
Expresa que la ley establece medidas especiales de protección para los niños mientras dure el proceso. Los niños quedan bajo protección dependiendo de quién es el acusado, si es el padre o la madre.
De los casos de maltrato o abuso el que más se presenta es el de agresión física extrema, como las quemaduras.. "Para mí ese es un caso gravísimo aparte del sexual que es muy frecuente". "Ambos son gravísimos porque dejan marca para toda la vida. Opina que los 12 juzgados de familia no son suficientes y por eso la ley se reformó. Explica que la ley 40 de responsabilidad penal, estableció los juzgados penales de adolescencia porque los jueces de niñez y adolescencia ven ambas materias y no se dan abasto.
Referente al aumento de penas dijo que la ley se ha ido ajustando, haciendo proporcional las sanciones a los transgresiones. Lo que queremos es que la persona se rehabilite, pero que se proteja y se respeten los derechos de los niños, asegura Pineda.
Sobre los abusadores sexuales dice que son un peligro porque si abusan de su propia hija, ninguna niña ni adolescente está segura, "entonces hay que tomar medidas drásticas e imponerle la sanción que la ley establezca, sea buena, mala alta, proporcional al daño que hizo. No lo sé, es cuestión de criterio, pero la ley debe contemplar sanciones ejemplares en ese tipo de delito".

La magistrada del Tribunal Superior de Familia, Esmeralda Arosemena de Troitiño cree que sí se necesita un aumento de penas cuando los niños y las niñas son víctimas, pese a la modificación de la legislación, sobre todo en el tema de la violación.
Aunque se ha dado el aumento cree que no se logra esa dureza y por ello se inclina al endurecimiento, porque la condición de las víctimas sencillamente no se valora.
Piensa que debería haber un movimiento social para agravar estas penas cuando los niños son las víctimas.
Troitiño propone que este endurecimiento, además de la sanción, conlleve la obligatoriedad de indemnizar a esa criatura para que le permita cubrir su tratamiento psiquiátrico y psicológico de calidad, debido a que ni en los centros de salud ni en los hospitales los tienen, ya que una verdadera recuperación psicológica cuesta y eso no se da.
Lo que tenemos que procurar es la efectividad de la ley, asegura, pero para ello se deben flexibilizar o adecuar los procedimientos y exigencias a la situación de estas.