Sinvergüenzura, incapacidad y encubrimiento
La verdad siempre sale a flote, por lo cual parece ser que los responsables en el “descuido” que le está costando al país varios millones de dólares de los contribuyentes, por no aplicar a tiempo para obtener los incentivos fiscales que otorga la Comunidad Europea, son funcionarios de la más alta jerarquía.
De acuerdo con versiones periodísticas, resulta ser que la entonces Ministra de Comercio, Carmen Gisela Vargara, es advertida el 18 de agosto de 2008 por la oficina de la Comisión Europea con sede en Costa Rica, sobre la necesidad de que Panamá solicitara la renovación de las preferencias antes del 31 de octubre de 2008. Igualmente, el 28 de agosto la embajada panameña en Bruselas envía por fax nota firmada por Jorge E. Ruiz Villarral (Encargado de Negocios a.i.) al actual vicecanciller, Ricardo J. Durán, insistiendo en dicha necesidad de aplicación. Pero nadie hizo nada. Hasta aquí las personas involucradas son nada menos que la ex ministra de Comercio y el actual viceministro de Relaciones Exteriores.
Vale la pena destacar que la Cancillería indicó que la carta del 28 de agosto no llegó sino hasta el 6 de noviembre, a pesar de existir un reporte de confirmación de recibo del fax de la Embajada de Bruselas en aquella fecha. Aunque esto sea cierto, también pecó la misión diplomática en no ser incisiva, vehemente y reiterativa en recordar la presentación de la solicitud en tiempo prudencial, tal vez porque el jefe de la misma prefirió vacacionar para hacerle campaña a su hermana, que cumplir con su deber.
El mismo 31 de octubre, fecha límite, la ex ministra Vergara trata a la carrera de sustentar la renovación, la cual nunca es enviada a Bélgica sino hasta el 17 de noviembre, vía fedex. El 2 de diciembre de 2008 viaja una misión que encabeza nuestro Vicecanciller, justificando la “distracción” de su gobierno por la afectación sufrida ante la entrega tardía del pedido, a raíz de “torrenciales lluvias”. ¿Podría explicar este funcionario qué tiene que ver una cosa con la otra?
Por todo lo anterior, Panamá queda excluida de la lista de países beneficiarios. A pesar de ello, el canciller panameño, luego de viajar a Bruselas el 10 de febrero de 2009, pretende engañar a la población con un comunicado que señala el supuesto restablecimiento de este sistema de preferencias arancelarias para julio de 2010, cuando en realidad esta fecha ya estaba fijada para la siguiente ayuda económica. Es decir, en nada lográbamos enmendar el susodicho descuido. Todavía peor es el aparente requerimiento del canciller al embajador Pablo Garrido Araúz, para “hacer desaparecer” una nota que éste le envía el 14 de diciembre de 2008, reiterando que el aviso se envió a Panamá desde el 28 de agosto de 2008 al Vicecanciller.
Pero luego de la investigación “exhaustiva” del Gobierno Nacional, ¿qué se hizo? Pues bien, se informó sin mayores detalles que dos funcionarias (Kelvia Hidalgo y Mabel del Cid) renunciaron a raíz de su responsabilidad en el error, a pesar de que la primera gozaba de vacaciones acumuladas y la segunda había sido traslada a otra institución; y una tercera funcionaria (Elia Tribaldos) es aparentemente cesada de su cargo cuando ya gozaba de fuero maternal. Qué tristeza que actuales altos funcionarios de reconocido prestigio, tanto en la Cancillería como en el MICI, se presten para esta clase de hechos que ejemplarizan el título de este escrito.
