Una nueva oportunidad para una minería más justa

La decisión de suspender las operaciones de la mina de Donoso, tras la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que declaró inconstitucional el contrato al violar 25 artículos de la Constitución y desconocer el Acuerdo de Escazú, respondió a las protestas de jóvenes activistas que cuestionaron la legalidad y el impacto ambiental de la concesión. Sin embargo, el hecho de que la explotación permanezca inactiva desencadena un costo de oportunidad significativo para Panamá.

En términos económicos, Minera Panamá aportó en 2022 ingresos por 2 959 millones de dólares y llegó a representar alrededor del 4,5 % del Producto Interno Bruto nacional; su cierre forzoso se tradujo en una reducción estimada de 2 514 millones de dólares en el PIB. Además, la paralización generó pérdidas globales en torno a los 2 000 millones de dólares, al combinar la caída de exportaciones y las protestas que bloquearon rutas clave.

Más allá de las ventas, la mina pagaba anualmente 443 millones de dólares en salarios y contribuía con 200 millones a la Caja de Seguro Social, montos suficientes para cubrir un mes de pensiones; reactivar la operación significaría restituir estos flujos que, de otra forma, deben ser cubiertos con otros recursos públicos. Bajo la ley de regalías vigente (Law 406), el Estado podría recibir además un mínimo de 375 millones anuales, cifra que puede elevarse en función del rendimiento operativo de la faena.

En cuanto al empleo, Minera Panamá generaba miles de puestos directos y decenas de miles indirectos, tanto en Donoso como en el puerto de Río Indio y la terminal de Manzanillo, dinamizando la economía local con contratación de servicios, obra civil e inversiones en infraestructura vial y social. La reapertura podría acompañarse de programas de formación técnica y becas, multiplicando su impacto 'de suelo' y evitando la fuga de talentos.

Es innegable encontrar bases ambientales válidas en las objeciones de los activistas: la sentencia de la CSJ detectó falta de estudios de impacto y omisiones en mecanismos de consulta a las comunidades, vulnerando estándares constitucionales y del Acuerdo de Escazú. No obstante, esas deficiencias pueden subsanarse en un nuevo contrato que garantice estudios actualizados, planes de restauración, auditorías independientes y participación ciudadana efectiva.

Solo de este modo la explotación de cobre y oro en Donoso podrá convertirse en un motor de desarrollo responsable, compatible con nuestros compromisos ambientales y sociales.