Al proyectar ideológicamente este desbalance del subsistema solidario como una lucha de clases con consecuencias políticas, la Junta Directiva de la CSS no ha querido tomar las medidas paramétricas necesarias para balancear el déficit...
La base de datos de cotizantes y beneficiarios de la Caja de Seguro Social (CSS), con sus respectivos supuestos biométricos y estructurales, juntamente con sus Estados Financieros y Presupuesto Anual, proporcionan suficiente información estadística para hacer un breve análisis de la situación financiera de su patrimonio e ingresos netos, con la exactitud contenida en la fecha seleccionada de valuación.
Según estos, al 31 de diciembre 2019, la Caja de Seguro Social tenía un total de activos financieros y bienes raíces de $11.5 mil millones, con $9.2 mil millones en fondos patrimoniales que para ese periodo arrojaron una utilidad neta de $495.2 millones. Siendo así, la Caja no está en bancarrota, sin que esto signifique que goza de integridad financiera o que tiene un grado óptimo de eficiencia administrativa.
Igualmente, los Estados Financieros muestran detalladamente la composición de sus cuatro fondos patrimoniales y de reservas, a saber: 1) "Riesgos de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM)" para pago de pensiones y demás prestaciones a sus 300 mil pensionados y jubilados. 2) "Riesgos de Enfermedad y Maternidad (EM)" para atención primaria y hospitalaria a cotizantes y beneficiarios, un total de 3.3 millones de personas. 3) "Riesgos Profesionales (RP)" para prestaciones médicas y hospitalarias por accidentes laborales, pensiones parciales, subsidios, indemnizaciones, etcétera. 4) "Riesgos de Administración (RA)" para gastos de funcionamiento de su exagerada planilla de 35 mil empleados.
Como negocio rentable, la Caja de Seguro Social debe acumular todos los años, en los antedichos 4 fondos, suficientes medios económicos para sufragar el pago puntual de los riesgos asegurables de sus cotizantes y beneficiarios, tomando en cuenta los parámetros financieros fijados por su Reglamento de Inversiones (Resolución No. 39,609-2007-JD de 8 mayo 2007) y los factores biométricos, demográficos y económicos establecidos por buenas prácticas actuariales.
Por eso, estos 4 fondos se alimentan, entre otros aportes, de las cuotas obrero/patronal obligatorias en Panamá para todo empleado público o privado (22% del salario base mensual) más las primas de Riesgos Profesionales (RP) pagaderas en su totalidad por el empleador, prorrateadas actuarialmente entre los 4 fondos como establece su Ley Orgánica (arts. 100-102).
El empleador paga el 56% de esa cuota conjunta salarial contribuyendo gran parte de ese porcentaje al Fondo Enfermedad y Maternidad y 100% al de Riesgos Profesionales, mientras que el trabajador destina prácticamente toda su cuota al Fondo IVM para su pensión vitalicia, a la que también contribuye el empleador.
Estos dineros así disgregados en esos 4 fondos no pueden utilizarse para cubrir gastos o déficits operativos de cualquiera de los otros 4, con excepción del Fondo Administrativo al Fondo IVM.
Este Fondo IVM, con su fórmula generosa de pensiones, es el único que está en dificultades de liquidez y solvencia, ya que los otros 3 gozan de relativa buena salud, con rendimientos sobre patrimonio, rentabilidad sobre el activo, índice de liquidez y utilidad neta suficiente para afrontar cómodamente sus compromisos.
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¿Por qué solo este fondo de pensiones tiene dificultades?
En 2005 el programa de IVM, por el mayor envejecimiento de la población, se dividió en dos: un subsistema "solidario" para mayores de 35 años que ya formaban parte del sistema anterior y otro nuevo de "ahorro individual y personal" para menores de 35 años, no solidario (Art. 150 de Ley Orgánica) si bien ambos subsistemas prometen una misma renta vitalicia. Desde entonces, ese cambio demográfico y de régimen de pensiones, creó un desbalance entre ingresos y gastos al subsistema solidario (no al de ahorro personal), causa de su falta de liquidez y solvencia.
Al proyectar ideológicamente este desbalance del subsistema solidario como una lucha de clases con consecuencias políticas, la Junta Directiva de la CSS no ha querido tomar las medidas paramétricas necesarias para balancear el déficit, convirtiendo esa parte del programa de pensiones, insostenible matemáticamente, situación empeorada por la poca visión estadista de nuestros gobiernos nacionales y la intransigencia de sus principales beneficiarios, los trabajadores y patronos.
Estamos a tiempo de enderezar este entuerto, lanza en ristre.
Economista.
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