¡Viva la corrupción!

En momentos que los niveles de pobreza alcanzan aproximadamente a un millón 20 mil panameños -lo que representa un 37 % de la población panameña- el pleno de la Corte Suprema de Justicia (con el salvamento del magistrado Arjona), mediante sentencia de 10 de julio de 2001, le da la espalda a la sociedad civil y decide aplaudir y "legitimar" el establecimiento de las partidas circuitales y su manejo por los propios "legisladrones". Estamos frente a un fallo descaradamente antirepublicano y antidemocrático que expresa su determinación a desarrollar prácticas destinados a favorecer la corrupción en todo el país.
Las consecuencias que debido al incremento de la corrupción sufre nuestra sociedad, son inquietantes. La decisión de la Corte Suprema constitucionaliza así la corrupción en Panamá como uno de los principales factores subyacentes a las violaciones de los derechos humanos de todo género -político-económicos, y no en menor medida, económico-sociales. La "legitimación" de las partidas circuitales generará más inestabilidad y conflictos políticos. Este "Fallo" niega al gobierno su legitimidad y a todo el pueblo panameño la protección que el estado de derecho debería proveerle. La corrupción -por la vía de las partidas circuitales- podrá "legalmente" afectar diariamente la vida de centenares de miles de ciudadanos, menoscabando los servicios sanitarios, los sistemas educativos, la honradez de los funcionarios públicos y la provisión de servicios públicos en general, así como la eficacia de los mismos.
La Corte Suprema con su "Fallo" ha decidido fomentar la corrupción, exacerbar la pobreza y la desigualdad, frenar la inversión y el desarrollo económico, erosionando así todos y cada uno de los valores básicos que se requieren para construir un estado de derecho constitucional. La Corte Suprema con este "Fallo", ha optado por apadrinar las partidas circuitales y favorecer aquellas "instituciones" que encubren los delitos perpetrados por sus funcionarios públicos, quienes se han enriquecido ilícitamente a costa de saquear el erario y empobrecer más al pueblo en todos los terrenos. Y esto ocurre en momentos en que en la mayoría de los países se crean los mecanismos de anticorrupción necesarios, a fin de garantizar la devolución de los bienes saqueados en las naciones que más profundamente han sufrido las consecuencias de la corrupción; en momentos en que la sociedad internacional busca la implantación de sistemas de cooperación mutua y ejecución de cuestiones jurídicas, en aras de garantizar que nadie pueda ocultar los beneficios obtenidos con métodos corruptos, y que ningún país permita al corrupto disfrutar de los frutos de sus prácticas delictivas, sin temor a la extradición y al castigado.
Hoy, cuando crece un clamor nacional para que, tanto individual como colectivamente, se comprometan públicamente los Organos del Estado y sus rectores a emprender acciones que nosotros, como sociedad civil, estimamos cruciales, a saber, aquellas que:
Garanticen la tipificación de la corrupción como delito y su penalización, y que creen instituciones independientes y procedimientos eficaces para investigar y enjuiciar los actos de corrupción. Hagan respetar y fortalezcan el Estado de Derecho y la independencia de los cuerpos policiales y del poder judicial. Garanticen que la inmunidad y el privilegio no impidan el enjuiciamiento penal de los funcionarios públicos y de los políticos corruptos. Garanticen la transparencia en todos los aspectos de la actividad oficial nacional e internacional, incluidos los derechos de acceso a la información que la ley garantiza a los ciudadanos. Garanticen y respeten la libertad de opinión y de expresión. Faculten a sus ciudadanos y fomenten la participación de la sociedad civil en todos los aspectos de la vida pública. Protejan nuestras instituciones democráticas contra todo riesgo de abuso, exigiendo a los partidos políticos la revelación íntegra de todas sus fuentes de financiación. Garanticen una transparencia total en todos los canales de ayuda y en la asistencia financiera internacional, de forma que los ciudadanos puedan pedir cuentas a sus gobiernos. Creen un entorno abierto y justo que permita al sector privado realizar sus actividades con integridad, y funcionar de acuerdo a un sistema que resulte beneficioso para todos...es el momento escogido por el pleno de la Corte Suprema de Justicia de Panamá (con el salvamento del magistrado Arjona) para dejar sentado que no le interesa que se tome conciencia de los efectos catastróficos que la corrupción ejerce en nuestra sociedad y ha decidido imponer e impulsar su voluntad política para favorecer la corrupción en todas sus manifestaciones. ¡Qué bon...la corrupción!