La comunidad internacional recibió hoy con optimismo, pero también con cautela, el anuncio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de renunciar al secuestro extorsivo y liberar a diez uniformados que mantiene como rehenes, un compromiso calificado de "positivo", pero ante el que se pidieron hechos.
La respuesta de Gobiernos y organismos internacionales tiene lugar un día después de que las FARC informaran que renuncian a las "retenciones de personas" con fines financieros y que pondrán en libertad a diez policías y militares que han mantenido secuestrados por más de una década.
Este anuncio es una "señal" que puede ir encaminada "a la paz o a una mesa de negociación", afirmó hoy el representante de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), Todd Howland, que, sin embargo, destacó las "contradicciones" del conflicto armado.
Mientras "hay mensajes positivos", la guerrilla "da pasos para tomar la fuerza" en algunos territorios, aseguró Howland en referencia a la ofensiva rebelde registrada este lunes en el centro urbano del municipio de Caldono, en el departamento del Cauca (suroeste).
El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ha manifestado ya sus reservas al señalar que esa decisión de la guerrilla es "insuficiente".
"Valoramos el anuncio de las FARC de renunciar al secuestro como un paso importante y necesario pero no suficiente en la dirección correcta", expresó ayer Santos.
Estados Unidos también mostró cautela al considerar que el anuncio es un paso "importante y necesario", pero que no será "creíble" hasta que se ponga en práctica.
"Recordamos que las FARC han prometido en otras ocasiones la liberación" de rehenes y "esas promesas no son creíbles hasta que se ejecuten por completo", sostuvo Neda Brown, portavoz del Departamento de Estado, que llamó a los rebeldes a que "renuncien a toda violencia y actividades al margen de la ley y liberen a todos sus rehenes".
En esto coincidió la ONG Amnistía Internacional (AI), con sede en Londres, que consideró que la decisión del grupo guerrillero es "un primer paso positivo" pero "insuficiente" y lo instó a ir más allá y poner fin a toda su actividad delictiva, como "asesinatos, reclutamiento de menores y uso indiscriminado de armas".
Asimismo, el canciller chileno, Alfredo Moreno, conminó a las FARC a "abandonar el terrorismo y la violencia", una práctica que, según dijo, "no se justifica en ninguno de los países latinoamericanos".
Por su parte, el cardenal Óscar Rodríguez Maradiaga, arzobispo de Tegucigalpa y que trabajó durante cuatro años en Colombia como secretario general de la Conferencia del Episcopado Latinoamericano (Celam), afirmó hoy su deseo de que ese anuncio se haga realidad.
En el mismo sentido, la colombo-francesa Ingrid Betancourt, excandidata presidencial que pasó seis años y medio en manos de la FARC hasta que fue liberada en 2008, recibió "con esperanza" un anuncio que, a su juicio, es "una señal de cambio en la estrategia" guerrillera, pero mantuvo sus "reservas" porque "no se tiene claridad sobre la suerte de los secuestrados 'económicos'".
El secuestro ha sido una de las fuentes económicas de esta guerrilla, en actividad desde 1964 y que incluso llevó esta práctica a una "ley" rebelde de 2000 relativa a la financiación de su lucha armada.
De acuerdo con la directora de la organización no gubernamental Fundación País Libre, Olga Lucía Gómez, la cifra de secuestrados civiles en poder de las FARC asciende a 405, lo que los convierte en el grupo "más numeroso y más desconocido".
"Ahora hacen un pronunciamiento de que no van a volver a secuestrar a los civiles y quisiéramos saber qué ha pasado con estos 405 secuestrados que están en cautiverio según las autoridades colombianas", comentó Gómez.
En Colombia, ante el anuncio de la liberación de diez policías y militares, la exsenadora y mediadora ante las FARC Piedad Córdoba dijo que se reunirá con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para revisar detalles logísticos del proceso, para el que todavía no hay una fecha definida.
Este anuncio reactivó un proceso de liberación que anunció la guerrilla en noviembre pasado con seis secuestrados y no con diez y que suspendió temporalmente a principios de febrero al alegar que el área escogida para su entrega había sido militarizada.
Una fuente oficial de Brasil, país que ha acordado participar en una eventual operación, señaló que la logística "será la misma" si son seis o diez los liberados y "similar" a otras en las que ya han participado las Fuerzas Armadas brasileñas en suelo colombiano.
Los rehenes por liberar son los militares Luis Alfonso Beltrán Franco, Luis Arturo Arcía, Robinson Salcedo Guarín y Luis Alfredo Moreno Chagüeza, y los policías Carlos José Duarte, César Augusto Lasso Monsalve, Jorge Trujillo Solarte, Jorge Humberto Romero, José Libardo Forero y Wilson Rojas Medina.
Son uniformados que fueron tomados cautivos en asaltos realizados por los rebeldes entre 1998 y 1999.
Unos 405 civiles siguen en las selvas colombianas en poder de las FARC, dice una ONG
La directora de la organización no gubernamental Fundación País Libre, Olga Lucía Gómez, indicó hoy en una entrevista telefónica con Efe que la cifra de secuestrados civiles en poder de las FARC asciende a 405, lo que los convierte en el grupo "más numeroso y más desconocido".
Gómez explicó que estos civiles han sido en los últimos diez años víctimas del secuestro con fines de extorsión y financiación por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), práctica que el grupo guerrillero ha decidido proscribir, según un comunicado divulgado ayer en su página web.
En su mensaje, las FARC anunciaron también la entrega en una fecha no definida de los diez policías y militares que declara tener en su poder, y que amplía así la lista de seis uniformados que en noviembre pasado anunció que liberaría.
Estos datos de País Libre resultan del cruce de las estadísticas de denuncias registradas por la Dirección Operativa para la Defensa de la Libertad Personal del Ministerio de Defensa de Colombia, y son el resultado de un estudio del secuestro entre 2002 y diciembre de 2011.
"Ahora hacen un pronunciamiento de que no van a volver a secuestrar a los civiles y quisiéramos saber qué ha pasado con estos 405 secuestrados que están en cautiverio según las autoridades colombianas", comentó Gómez.
Según la experta, los colombianos "nunca" han creído los anuncios de las FARC, pero en este caso determinó que hay "una ventaja en términos de los secuestrados y digamos que es que pone en la realidad a los secuestrados civiles por motivos extorsivos y económicos".
Ese grupo guerrillero, activo desde 1964, lo que lo convierte en el más antiguo de América Latina, "ha ocultado siempre" la situación de los secuestrados civiles, sólo hablaban de secuestrados políticos" o "canjeables", como se refieren a los uniformados susceptibles de ser intercambiados por guerrilleros presos, apreció Gómez.
"El gran porcentaje de secuestros en Colombia corresponde a la delincuencia común", agregó la directora de País Libre, antes de señalar que en el segundo puesto se encuentran las FARC.
De los 255 secuestros perpetrados entre enero y noviembre de 2011 según cifras de la división de Antisecuestro de la Policía Nacional de Colombia, 145 fueron atribuidos a la delincuencia común, 72 a las FARC, 30 al Ejército de Liberación Nacional (ELN, segundo grupo guerrillero del país) y 8 a bandas criminales herederas de las estructuras paramilitares.
En su mensaje del domingo, las FARC anunciaron además la entrega de los militares Luis Alfonso Beltrán Franco, Luis Arturo Arcia, Robinson Salcedo Guarín y Luis Alfredo Moreno Chagüeza, y los policías Carlos José Duarte, César Augusto Lasso Monsalve, Jorge Trujillo Solarte, Jorge Humberto Romero, José Libardo Forero y Wilson Rojas Medina.
Son uniformados que fueron tomados cautivos en asaltos realizados por los rebeldes entre 1998 y 1999, en los peores años de la actividad de las FARC, en armas desde 1964.
En la lista de rehenes también aparece Luis Eduardo Peña, subcomisario de la Policía Nacional y de quien se desconoce si sigue con vida, aunque tanto las FARC como la exsenadora y mediadora ante ese grupo guerrillero, Piedad Córdoba, han insinuado que murió en cautiverio.
