La representación jurídica de las familias de once desaparecidos en el Palacio de Justicia de Colombia solicitó hoy a la juez que lleva el caso que condene a un general en retiro del Ejército procesado por estos hechos, registrados en 1985.
El abogado Rafael Barrios Mendivil, portavoz del grupo de apoderados de los familiares, consideró que el implicado, el general Jesús Armando Arias, debe ser sentenciado como autor o coautor del delito de desaparición forzada.
Arias, detenido en octubre del año pasado, es uno de los cinco militares en retiro o aún activos que fueron vinculados con el caso de los desaparecidos del Palacio de Justicia en Bogotá, destruido en noviembre de 1985 tras una toma rebelde y una retoma militar.
Más de cien personas, incluidas una decena de altos magistrados, murieron en estos hechos, que además dejaron once desaparecidos, siete de ellos empleados de la cafetería de la edificación, otros tres visitantes y una rebelde del ahora disuelto Movimiento 19 de Abril (M-19), guerrilla que ocupó la sede judicial.
El juicio al general Arias es seguido por la titular del Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá, Cristina Trejos, a quien la Fiscalía pidió también, el pasado día 20, que profiriera una sentencia condenatoria contra el oficial en retiro.
Una solicitud en sentido contrario, de absolución, hizo el martes el representante del Ministerio Público en este proceso, Hernán Suárez Delgado, para quien no existe "una prueba clara, concisa y concreta que permita atribuirle al acusado responsabilidad en grado de certeza racional".
El portavoz de los apoderados de los familiares de los desaparecidos rechazó la postura de Suárez, quien hace pocos meses se hizo cargo de este caso, por decisión del procurador general, Alejandro Ordóñez, quien cambió a todos sus delegados en los procesos relacionados con los hechos del Palacio de Justicia.
El jurista Barrios advirtió que la petición del representante de la Procuraduría es contraria a un informe sobre los mismos hechos que el Estado colombiano presentó el mes pasado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En una audiencia ante la CIDH, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia admitió que en el Palacio de Justicia hubo desaparecidos que no tenían relación con el grupo guerrillero ocupante y que el Estado, a sabiendas de que se tenía conocimiento de la inminente acción rebelde, no impidió el asalto.
Los familiares de estas víctimas son representados por abogados de la Corporación Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo" (CCAJAR).
