La Asamblea Nacional de Diputados contrató los servicios de una empresa para adiestrar a 30 hombres con el fin de entrenarlos en temas de seguridad, específicamente en el manejo de armas, cuchillos y toletes de goma, según el portal Panama Compra.

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En el nodo de transparencia del portal estatal se puede verficar que el Órgano Legislativo pagó 27 mil 820 dólares a la empresa Tactical Army para la preparación de funcionarios en temas de seguridad y contención de disturbios.

Pero este no es el único gasto similar que pretende hacer el parlamento. También se destinó el uso de 10 mil 284 dólares para contratar a la compañía C Comunica. Ese fondo será destinado a la compra de 58 radios troncales y alquiler de frecuencia de voz digital.

Así mismo se gastarán 5 mil 885 dólares en la adquisición de 100 bolardos y que serán instalados en la zona de ingreso y salida del palacio Justo Arosemena. En total, la Asamblea Nacional destinará 43 mil 989 dólares en concepto de seguridad y pertrecho.

A juicio del economista y político Juan Jované, el Órgano Legislativo se ha convertido en una caja menuda del clientelismo, sin tomar en cuenta que su labor constitucional es hacer leyes para beneficiar a la poblacíon.

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"Esta asamblea no es muy distinta a la del periodo anterior, no hay transparencia y continúa el clientelismo. En este país hay una confusión de roles. El papel de los legisladores es crear leyes, no atender problemas de personas o gastar dinero para entrenar personal de seguridad", expresó Juan Jované.

Consultado sobre el tema, Luis López, presidente del Frente Nacional de Educadores Independientes de Panamá (Frenei) dijo que tanto la Asamblea como otras instituciones despilfarran fondos que podrían ser usados en la educación.

"Seguimos insistiendo que este país es desigual por el bajo nivel educativo de la clase trabajadora. Se habla de contensión, pero se gasta en renglones que no aportan nada al Estado", comentó el dirigente educativo.

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Culminó diciendo que a pesar de que este gobierno empezó a pagar 15 millones de vigencias expiradas a los docentes, no se invierte el 6% del Producto Interno Bruto (PIB) en el sector educativo como exigen los magisterios: "solo se destina un 3% a la educación", sentenció la fuente.

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