Diálogo por reformas a la Constitución tampoco concilia las diferencias

Mientras el rol que ejercerá el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en la discusión de las reformas constitucionales continúa siendo criticado hasta por los diputados, el presidente Laurentino Cortizo y su vicepresidente José Gabriel Carrizo reiteraron que su función solo será la de ser un facilitador del diálogo.

Ayer, varios diputados se sumaron al grupo de descontentos por la intervención del programa de las Naciones Unidas en este nuevo intento por pasar los cambios a la Constitución y consideraron que las reformas deben ser discutidas y consensuadas entre los panameños.

En este sentido, la diputada de Cambio Democrático (CD), Ana Giselle Rosas, lamentó que el presidente no haya presentado una reforma que haya sido revisada por él, sino que provino directamente desde la Concertación Nacional sin discutirla con el pueblo.

"De ahí comenzamos mal y hoy estamos viendo los resultados, habiendo perdido seis meses. Ahora no tenemos tampoco un documento base", cuestionó la diputada.

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Para el vicepresidente Carrizo el tiempo transcurrido no fue perdido, recordando que una comisión de la Concertación trabajó por 14 meses, "con buenas intenciones", reconociendo que, al final, se presentó un documento con reformas buenas, pero otras causaron división.

"Lo que se ha hecho es ampliar un proceso de diálogo que tiene que tener una fecha de cumpleaños.

Por eso, se ha llamado a un organismo internacional con experiencia en la forma como se llevan estos diálogos", precisó el segundo al mando del país.

En su discurso a la nación, Cortizo planteó que solicitó el retiro de las reformas constitucionales porque surgieron "preocupaciones" con los sectores que consultó, tras una jornada de protestas, en octubre y noviembre, que se extendieron por una semana.

Con sus palabras, el presidente de la República pareciera que ya no le tomará la relevancia que al principio le dio a este tema, al afirmar que "no necesité reformas para hacer lo correcto".

Agregó que, a través del diálogo se deberán definir "qué instituciones queremos", en referencia a los cambios que requieren los órganos del Estado.

Organizaciones populares dudan que este nuevo diálogo vaya a generar resultados positivos y piensan que el Ejecutivo solo busca dilatar la discusión para luego imponer sus intereses.

Un diálogo costoso

Estos grupos hasta discrepan con el gasto millonario que tendrá que desembolsar el Estado para el desarrollo del diálogo.

Este gasto, sin especificar cifra, fue confirmado ayer por el vicepresidente Carrizo, quien dijo que será más costoso entre más amplio sea el diálogo.

"Les haremos llegar el acuerdo sobre el memorando de entendimiento firmado con el PNUD para establecer el mecanismo de diálogo y llevarlo adelante", fue lo único que prometió el vicepresidente.

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