En la recta final del gobierno del presidente Juan Carlos Varela, se confirma su falta de capacidad para gestionar y negociar consensos entre los órganos del Estado, a fin de realizar los cambios urgentes que exige la administración de justicia, la cual en el lapso de su gestión ha caído en una crisis sin parangón en la historia reciente de Panamá.

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A la fecha, Varela no ha hecho "un aporte sustancioso a la justicia", expresó de manera categórica Juan Carlos Araúz, exvicepresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA).

El jurista agregó que el presidente Varela todavía tendría una oportunidad más [en el inicio de las sesiones ordinarias de la Asamblea] "para tratar de crear los consensos necesarios y dejar algún legado en materia de justicia".

No obstante, hasta ahora solo se vislumbran aires conflictivos desde el Palacio de las Garzas hacia la Asamblea, algo que fue ratificado con las más recientes declaraciones del presidente, que no acepta que sean culpa suya los nombramientos pendientes de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, achacándole esa responsabilidad a los diputados de la Asamblea.

Igual aire conflictivo transmitió ayer el influyente diputado José Luis "Popi" Varela, presidente del Partido Panameñista y hermano del mandatario, quien arremetió contra sus colegas de la Asamblea, criticando la "forma politiquera" con la que llevaron las fallidas sesiones extraordinarias.'

Perspectiva

2 de enero se instala el último periodo de la Asamblea,  en la que  podría retomarse la ratificación de magistrados.

12 meses adicionales a su periodo llevan los magistrados Oydén Ortega y Jerónimo Mejía.

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El analista político José Isabel Blandón recordó que "la política es el arte de negociar" y que desde la cúpula del actual gobierno se ve muy poca intención de querer negociar.

Y en el sensible tema de buscar los reemplazos a los magistrados Jerónimo Mejía y Oydén Ortega (con más de un año de su plazo legal vencido), el abogado Juan Carlos Araúz no excusó el nivel de responsabilidad que les cabe a los diputados, sin embargo -remarcó-, en primera instancia, ha sido una falla del Ejecutivo.

Dijo que en medio de un diciembre de 2018 convulsivo, el Gobierno volvió a tratar de "forzar" la ratificación de dos designaciones (ya falló en diciembre de 2017 con Ana Lucrecia Tovar y Zuleyka Moore, y ahora fueron ignoradas sus propuestas de Olmedo Arrocha y Abel Zamorano).

"El presidente Juan Carlos Varela debió tener más prudencia al momento de esta nueva convocatoria para el análisis de este tema, entendiendo las circunstancias políticas que se viven de enfrentamiento y convulsión", expresó.

El jurista concluyó advirtiendo que "cada vez que se producen estos intentos de ratificaciones [fallidas] se produce una mayor lesión al Órgano Judicial".

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Con esta lectura de imprudencia y desgaste innecesario coincidió el diputado opositor Sergio Gálvez, quien opinó que no es culpa de la Asamblea que el tema no se haya abordado, "sino culpa del propio presidente que se aventuró a enviar un tema tan importante, en una época como diciembre, cuando la gente está pensando en Pascua".

Y el diputado Pedro Miguel González fue más explícito, al señalar que no ve ningún indicio de consenso en la actualidad, y volvió a pedir a sus colegas de todas las bancadas que no se ratifiquen, ni siquiera en sesiones extraordinarias, las designaciones para magistrados principales de la Corte Suprema de Justicia.

De recibir respaldo la solicitud del diputado Pedro Miguel González, se crearía un precedente inédito en Panamá: por primera vez, y por culpa principalmente de un presidente sin capacidad de negociación, un nuevo mandatario tendría que nombrar a 7 magistrados de la Corte Suprema.

Voceros del propio Gobierno no encuentran la idea tan lejana a concretarse y ya impulsan una campaña para tildar esas intenciones como una "tiranía parlamentaria".