Intrigas y engaño, en trama del helicóptero presidencial de Juan Carlos Varela AN-141

En una "guerra" epistolar en 2017, los pilotos del expresidente Juan Carlos Varela, Ricardo Garay y Carlos Troncoso, fueron acusados por el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) de brindar información incorrecta a la Contraloría de la República para destrancar el pago de la polémica reparación del helicóptero presidencial.

El helicóptero Augusta Wesland AW-139, con matrícula AN-141, retornará al país en las próximas horas, luego de una controvertida y larga estadía en Estados Unidos, en donde hasta hubo amenazas de la empresa Rotor Service Group (RSG), de aplicar políticas estadounidenses contra Panamá y su aeronave por la falta de pagos por sus servicios.

Y lo que debió ser un mantenimiento de rutina de unos cuantos días, se convirtió en un litigio internacional que duró cerca de cuatro años. El helicóptero, valorado en unos $20 millones, salió de Panamá el 24 de octubre de 2016 y retornará casi cuatro años después, luego de superar amenazas de hasta un posible secuestro legal por falta de pagos.

El helicóptero fue enviado a EE.UU. para un polémico mantenimiento rutinario, sin que en ese momento existiera un contrato con la empresa o un acto público que respaldara la contratación, según el Senan, lo que convirtió los pagos en un "tira y jala".

La contratación está rodeada de una trama de forcejeos, falsedades, intrigas y presiones de allegados al expresidente Varela y altos oficiales del Senan, como establece documentación obtenida por Panamá América.

El Senan se negaba a pagar por considerar que el mantenimiento se contrató al margen de las normas legales y los pilotos de Varela ejercían presión para lograr los desembolsos, pese a las advertencias.

El 14 de septiembre de 2017, el entonces director del Senan, Belsio González, le mandó la nota 1382 al ministro de Seguridad Pública, Alexis Bethancourt, advirtiéndole que el director de Aviación Presidencial y piloto de Varela, Carlos Troncoso, atribuyó a la directora nacional de Fiscalización de la Contraloría, Lutzia Fistonic, afirmaciones inexistentes sobre la viabilidad del pago del mantenimiento.'

$20

millones vale el helicóptero presidencial, que Varela sacó del Senan para su uso personal.

González le recordó a Bethancourt que Troncoso le comunicó, el 7 de septiembre de 2017, mediante la nota 178: "después de haber revisado la situación, la licenciada FISTONIC emitió su opinión como DIRECTORA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN GENERAL, manifestando que 'no ve ninguna objeción en realizar el pago".

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Sin embargo, González dijo que esto no era cierto y planteó a Bethancourt: "Es oportuno, destacar que en la precitada reunión quedó evidenciado que la afirmación realizada por Carlos Troncoso, referente a lo actuado por la licenciada Fistonic en la reunión del 22 de agosto de 2017, no concuerda con la información recibida en la reunión del 6 de septiembre del 2017...".

De acuerdo con la nota, a Fistonic se le informó inicialmente, de forma incorrecta, por parte de la Dirección de Aviación Presidencial, que el mantenimiento con la empresa RSG estaba respaldado por un contrato refrendado por Contraloría, ante lo cual ella autorizó el pago.

Pero, posteriormente, el Senan le aclaró a Fistonic que el helicóptero fue enviado a EE.UU. a la empresa RSG sin un contrato y que luego el Estado culminó los trámites para el mantenimiendo con otra compañía llamada HELIDESA.

Y ante este nuevo elemento, dijo González, Fistonic interrumpió en la reunión del 6 de septiembre al piloto de Varela, Ricardo Garay, para enfatizar: "Esa no es la explicación que me habían dado".

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Esta situación y la información incorrecta que recibieron Bethancourt y Fistonic tenía preocupado a González, quien le pidió en su nota al entonces ministro de Seguridad Pública: "En virtud de lo anterior solicitamos la intervención de sus buenos oficios para que, si su excelencia a bien lo estima, se tomen las medidas correctivas para que se aclare lo antes posible la situación aquí planteada".

Un día después, González le envió otra nota a Bethancourt adviertiéndole que Troncoso "realiza afirmaciones temerarias acerca de una reunión, en la cual según consta en un informe, el mismo no participó, aduciendo situaciones que no ocurrieron".

González también alertó al entonces ministro sobre situaciones "graves" por la conducta de Troncoso. "Pero esto no es lo más grave, el mismo (Troncoso) plantea la posibilidad de una lesión patrimonial, traspasando la responsabilidad de todo lo actuado por los funcionarios de la línea de vuelo (los pilotos presidenciales) a su excelencia", replicó.

En septiembre de 2017, había una "guerra" epistolar entre Gonzalez y Troncoso, en la cual el intermediario era el entonces ministro Bethancourt. González se refirió también a una nota que Troncoso le envió a Bethancourt el 7 de septiembre de 2017 presionando para que se pagara y en la cual advertía que no hacerlo podría involucrar una lesión patrimonial contra el Estado panameño.

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"Existe la responsabilidad de dar respuesta por tratarse de un bien del Estado y de no realizarse elpago, se puede perder el bien en mención y ocasionar así una LESIÓN PATRIMONIAL, lo que deseamos evitar", justificó Troncoso.

Y mientras en Panamá se daba este intercambio de notas, en EE.UU. la aeronave estaba en peligro de ser secuestrada judicialmente. $20 millones peligraban por un mantenimiento menor.

Troncoso le informó a Bethancourt sobre una nota del 25 de agosto de 2017 de RSG: "... le informamos que de no recibir noticias antes del 8 de octubre de 2017, su aeronave incurrirá en otros gastos de preservación que no podrán ser cubiertos por nosotros y nos veremos en la penosa decisión de aplicar las políticas de la empresa acreditadas por el Estado de Dallas...".

El helicóptero generó roces entre el Senan y la Dirección de Aviación Presidencial desde inicios del gobierno de Varela, cuando este decidió llevárselo para su uso. El helicóptero era utilizado en el Senan para labores de seguridad.