Proponen que diputados y magistrados sean investigados por el Ministerio Público

La forma como se juzga a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a los Diputados de la Asamblea Nacional (AN) mantiene paralizado el diálogo entre los miembros de la mesa de Concertación Nacional.

Durante el desarrollo del debate sobre el paquete de reformas constitucionales surgió una disyuntiva en relación al proceso de juzgamiento de togados y parlamentarios.

Enrique De Obarrio, miembro de la Mesa de Concertación Nacional, expresó que la propuesta de ese ente, conformado por diversos sectores de la sociedad civil, apunta a que esos funcionarios de alto perfil sean investigados por el Miniserio Público.

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La carta magna panameña establece en su artículo 154 que los diputados de la Asamblea Nacional son competentes para procesar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. A su vez, los 9 magistrados del pleno del supremo panameño tienen la potestad de investigar a los diputados, según el manifiesto de los artículos 149 y 203 de la Constitución Política de Panamá.

"Magistrados juzgan a diputados y diputados juzgan a magistrados y al final nadie juzga a nadie”, expresó Enrique De Obarrio.

De igual forma se analiza la elección de los magistrados. La propuesta es que dichos funcionarios sean designados por una comisión calificadora indenpendiente y compuesta por 10 personas de varios sectores o de la misma Concertación Nacional.

Constitucionalmente los magistrados de la Corte Suprema de Justicia son escogidos para un periodo de diez años por el presidente de turno. Una vez elegido, el Ejecutivo envía el, o los nombres de los designaos, para que los diputados ratifiquen o rechacen la decisión del mandatario.

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Otro de los puntos que se discute es la reelección de los diputados. Actualmente la ley les permite reelegirse cada periodo.

El próximo viernes se realizará la última reunión para entonces realizar un plenario en el que los miembros de la mesa de la Concertación Nacional someterán a votación dichas reformas.

El paso siguiente es entregar ese documento al presidente electo de la República Laurentino Cortizo. El nueve jefe de Estado ha manifestado que se apoyará en aquel escrito para someterlos a dos legislaturas y posteriormente a un referéndum.

Laurentino Cortizo ha retierado en varias ocasiones que él quiere que el paquete de reformas constitucionales se empiece a discutir a partir del 1 de julio cuando se instale la nueva asamblea.