Reformas constitucionales, nueva cara para el Ministerio Público
Panamá ha tenido ocho procuradores en sus 30 años de democracia, en el que solo uno ha cumplido su periodo completo.
Kenia Isolda Porcell se mantendrá en el cargo hasta el 31 de diciembre de 2019.
En medio del escándalo de los Varelaleaks, con los supuestos intercambios de mensajes entre el expresidente Juan Carlos Varela y la procuradora Kenia Porcell, queda abierta la posibilidad de que se plantee en el paquete de reformas constitucionales cambios que le den a la Procuraduría General de la Nación una real independencia.
Para el abogado Silvio Guerra sí se deben generar reformas que vayan enfocadas en darle una mayor potestad al Ministerio Público en sus labores, así como hacer al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) un ente totalmente autónomo.
A juicio del letrado, una fórmula en cuanto a la designación del procurador o procuradora es que pueda ser escogido por votación, "como se elige a un diputado de la República".
Por su parte, el presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), Juan Carlos Araúz, comentó que cuando se planea el tema de la independencia en el Ministerio Público, "no es solo que haya independencia de lo político, sino que el funcionamiento también tenga controles para revisar el cumplimiento de lo que la ley dice y la Constitución".
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Agregó que muchas veces la mera autonomía se transforma en arbitrariedad, algo que a su juicio ha pasado con la Corte Suprema de Justicia, en donde los magistrados no tienen régimen disciplinario y nadie puede cuestionar válidamente o con resultados sus actuaciones, sino es por la vía de lo penal.
En tanto, el abogado y exdiputado Raúl Ossa es del concepto de que el Ministerio Público tiene suficiente jerarquía para hacer su trabajo sin ningún tipo de presiones políticas. Sin embargo, aclaró que la forma en que se elige al procurador crea en el designado una forma de subordinación psicológica, que lo convierte en un subalterno permanente del poder político.
Panamá ha tenido ocho procuradores en sus 30 años de democracia, de los cuales algunos han estado envueltos en escándalos, según la exlegisladora Teresita Yániz de Arias.
El primer procurador nombrado después de la invasión de Estados Unidos a Panamá fue Rogelio Cruz.
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Fue seleccionado por el presidente panameñista Guillermo Endara (q.e.p.d.). Ocupó el cargo de 1990 a 1992. Su separación del puesto se da por, supuestamente, liberar cuentas de narcos colombianos, cargos que les fueron sobreseídos.
Para completar el periodo de Rogelio Cruz fue nombrado Jorge Ramón Valdez, quien ocupó el puesto de 1992 a 1994. Durante este periodo tuvo una denuncia por el supuesto manejo irregular en la operación Bocas del Toro sin drogas. Al final fue sobreseído.
El próximo procurador fue José Antonio Sossa, quien fue nombrado por el mandatario Ernesto Pérez Balladares. Ha sido el único que culminó su periodo de diez años (1994 al 2004), que se extendió durante el gobierno de Mireya Moscoso.
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Cumplidos los diez años de José Antonio Sossa, el gobernante de la República, Martín Torrijos, designó a Ana Matilde Gómez como la nueva jefa del Ministerio Público. El cargo lo ocupó de 2004 a 2009.
Le suceden Giussepe Bonissi, de febrero de 2010 al 23 de diciembre de ese mismo año; José Ayú Prado, de 2011 a 2012; Ana Belfon, de enero de 2013 a diciembre de 2014, y Kenia Isolda Porcell, del 2 de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de este año.
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