PANAMÁ
Voceros de sectores marginados en los distritos de Santa Fe y San Francisco, expusieron entre sus principales reclamos los desmedidos aumentos en la tarifa.
El proceso de consulta del Plan Energético Nacional 2026-2040 continuará desarrollándose en otras regiones del país. Foto. Melquíades Vásquez
Las necesidades energéticas de las comunidades comenzaron a tomar protagonismo durante el proceso de consulta para la construcción del Plan Energético Nacional 2026-2040, cuyo escenario inicial tuvo lugar en la ciudad de Santiago, provincia de Veraguas.
El foro abrió un espacio para que representantes de distintos sectores expusieran las quejas, carencias y prioridades de sus poblados, con el objetivo de que sean incorporadas en la hoja de ruta que definirá el futuro del sector durante los próximos 14 años.
Rodrigo Rodríguez, secretario general de Energía del Estado, destacó que uno de los objetivos principales del encuentro es garantizar la participación ciudadana y recoger las inquietudes sociales mediante un proceso abierto al escrutinio público para responder a las nuevas demandas que surgirán en las próximas décadas.
Al encuentro asistieron representantes de la Secretaría Nacional de Energía, así como de organismos internacionales entre los que destacan el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Quejas por apagones, alza de tarifas y falta de luz en escuelas
Durante la jornada, Yadira Pino, docente y dirigente comunitaria en Veraguas, al igual que Eliécer Ábrego, vocero de sectores marginados en los distritos de Santa Fe y San Francisco, expusieron entre sus principales reclamos los desmedidos aumentos en la tarifa de energía eléctrica, las interrupciones frecuentes del servicio, los daños a equipos y la falta de electricidad en comunidades, centros escolares y espacios públicos.
El proceso de consulta del Plan Energético Nacional 2026-2040 continuará desarrollándose en otras regiones del país, con la expectativa de que las demandas ciudadanas sean integradas en las políticas públicas que regirán a Panamá hasta el año 2040.
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