No hay plata para implementar jueces de paz en Panamá Oeste
Actualizado 2017/11/21 05:06:27
- Eric A. Montenegro
La habilitación de las Casas de Paz, en el caso del distrito de La Chorrera, requerirá de un presupuesto de medio millón de dólares.
El próximo año deben regir los jueces de paz. Foto: Eric A. Montenegro.
Los municipios de la provincia de Panamá Oeste, solicitaron al Gobierno central la aprobación de un subsidio con el cual sufragar los gastos de implementación de la justicia comunitaria de paz, a partir de enero del 2018.
La contratación de 18 jueces de Paz además de la habilitación de las Casas de Paz en el distrito de La Chorrera, requerirá de un presupuesto de medio millón de dólares ($500.000).
René Hernández, tesorero municipal, indicó que basado en los cálculos del presupuesto de rentas y gastos del 2018, resultará imposible asumir este costo. La situación actual es similar a la registrada en junio de 2017, cuando los municipios advirtieron al Gobierno que carecía de los fondos para asumir esta tarea, afirmó Hernández.
Además de habilitar las “Casa de Justicia de Paz” los municipios deben costear el salario del juez de paz, un mediador comunitario, los cuales deben ser abogados de profesión; una secretaria y un oficinista o notificador.
Para asumir estos gastos, los concejales de La Chorrera, aprobaron una resolución en la que solicitan al Gobierno la aprobación de un subsidio, con el cual costear estos gastos. Pese a esta situación, la sociedad civil ya procedió con la elección de los cinco miembros del Comisión Técnica que tendrá la tarea de evaluar a los candidatos a jueces de paz.
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Una petición similar ha realizado el Municipio de San Carlos, dijo el alcalde Víctor López, añadiendo no contar con los fondos para habilitar las nueve “Casa de Justicia de Paz” que se requieren. Según los cálculos de la alcaldía se requieren de 281 mil 880 dólares en salarios sumado a los 270 mil dólares en la construcción de las nueve Casa de Justicia de Paz y 63 mil dólares en mobiliario.
Actualmente el municipio mantiene un gasto de 281 mil 880 dólares en pagos de salarios a los corregidores. La implementación de la ley implica un aumento de 250 mil dólares. Al igual que el municipio de La Chorrera, el resto de las alcaldías del país ya posee un presupuesto asignado a las corregidurias el cual podrán utilizar en la aplicación de Justicia Comunitaria de Paz, indicó Lee.
En cuanto al tema del subsidio, dijo que ello dependerá de la voluntad política que tenga el Gobierno de turno, aun cuando existe una propuesta para la utilización de recursos que posee Secretaria Nacional de Descentralización.
Carlos Lee de Alianza Ciudadana Pro Justicia, indicó que la ley de Justicia Comunitaria de Paz entrará a regir el 2 enero de 2018, en el Primer Distrito Judicial, conformado por las provincias de Panamá, Colón, Panamá Oeste y Darién. En opinión de Lee, los municipios deben generar los fondos necesarios para sufragar los gastos que acarrea la implementación de esta ley.
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