Autoridades de la Alcaldía de Arraiján y congregados de la iglesia Misionera Catedral de Adoración Cristiana protagonizaron un conflicto de tierras, luego que se ordenara la demolición del templo eclesiástico en cumplimiento de una solicitud de lanzamiento por intruso, interpuesta por el Ministerio de Obras Públicas (MOP).
Ese día todo ocurrió en unas cinco horas, bajo una estricta vigilancia policial. Las unidades procedieron a acordonar el perímetro del área en conflicto para impedirle el acceso a los feligreses, quienes permanecieron por los alrededores de la iglesia. La histeria se apoderó de los misioneros a medida que el templo era demolido poco a poco por el personal del MOP.
Las lágrimas no cesaron, los gritos y la desesperación era la tónica de un ambiente de incertidumbre que se vivió por la destrucción de una iglesia que fue el "camino de la salvación de muchos jóvenes", según dijeron sus seguidores.
La situación se ha complicado, luego que los misioneros decidieran llevar adelante un litigio por las tierras, que supuestamente corresponden a un área de servidumbre vial. Sus abogados presentaron una demanda ante la Procuraduría de la Nación por extralimitación de funciones y abuso de autoridad en contra del alcalde de Arraiján, Jaime Barroso. En la demanda también solicitaron la destitución de la autoridad, por haber ordenado ejecutar el desalojo.
En tanto, el máximo líder de la iglesia, el pastor Leovaldo Zurita, advirtió que la comunidad cristiana del país ha repudiado la acción, por que el único pecado que cometieron fue "haber levantado las infraestructuras del templo en el lugar donde permanecieron por seis años en oración y plegaria". Dijo que ahora las autoridades del MOP consideran el área de servidumbre vial de la autopista Arraiján- La Chorrera, localizada en la entrada de la barriada de Vacamonte. "Sólo quedan los escombros de las estructuras que costaron tantos años de sacrificio", sostuvo.
Luego de una pausa, prosiguió, "ante la mirada atónita de los congregados, fue derribada la casa de Dios. Sin misericordia las autoridades llegaron, se apoderaron del lugar y nos violaron nuestros derechos al impedirnos la entrada para reclamar nuestras pertenencias".
111Unidades de la Policía Nacional rodearon el área donde se encontraba la iglesia, mientras se procedía con su derribo ante la mirada de sus feligreses, tras una orden de lanzamiento por intruso que interpuso el MOP.
Comentó que para la época de Cuaresma siempre se reunían con sus congregados en la iglesia para orar; además se realizaban actividades cristianas antes de la llegada de la Semana Santa, ahora sólo quedan los recuerdos. Dijo que una vez soñaron ser los futuros propietarios de un área reclamada a diario por políticos tanto de gobierno como de oposición, quienes sin un grado de sensibilidad social ordenaran destruir el templo para lograr sus pretensiones.
"¿Qué hacen las autoridades para resocializar a los jóvenes de nuestra comunidad, perdidos en el mal camino de las drogas en un mundo desprovisto que desesperadamente buscan la salvación en Cristo?; ¿Cuántos no fueron salvados y ahora gritan de alegría que se sienten haber nacido por segunda vez al compartir una vida sana como todo cristiano salvo?", expresó el prelado.
A su juicio, las autoridades los desalojaron injustamente, pues argumentaron que se ordenaba desocupar el terreno debido a las quejas de un grupo de residentes del área por los escándalos que se hacían durante los días de culto y vigilia, quienes además los acusaron inclusive de cometer actos inmorales.
Recuerda que desde 1997, realizaban campañas periódicas con una carpa, posteriormente los feligreses de la iglesia decidieron poner todo su empeño para edificar una estructura de bloques. Añadió que gracias a la benevolencia de la representante de Vista Alegre, Mayra Zúñiga, ahora realizan sus cultos en la Junta Comunal, mientras logran reubicarse en otro lugar.
Por su parte, el alcalde Jaime Barroso argumentó que jamás tuvo la intención de desalojar a los congregados; prueba de ello son los tres años que duró el proceso, con la finalidad de extenderle el plazo para que se reubicaran en otro sitio.
Detalló que las autoridades de la corregiduría cumplieron a cabalidad con el debido proceso, a través de las instancias judiciales pertinentes y mediante la resolución Nº 635 del 29 de mayo, el despacho superior de la alcaldía ordenó el desalojo de la comunidad Misionera Cristiana. "El pastor no me deja mentir, ya que él interpuso todos los recursos legales ante las instancias judiciales y amparo de garantías constitucionales ante el juzgado del circuito civil, siendo revocados", mencionó.
Luego el expediente pasó a la gobernación y la institución se declaró impedida. Barroso expresó que los abogados de la iglesia son testigos que el expediente se llevó con transparencia y se agotaron los recursos del diálogo, pero los congregados se opusieron a salir pacíficamente del lugar y sólo le quedó ejecutar la solicitud de lanzamiento.
"Se le aconsejó al pastor Zurita hacer todas las diligencias pertinentes ante las autoridades del MOP, quienes tenían la jurisdicción de las tierras", subrayó la autoridad. Aclaró que ahora todos lo juzgan de ser el autor intelectual de un desalojo inhumano, cuando sólo cumplió sus funciones como autoridad.
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