P. Oeste. Un comunicado emitió la fundación Voz de Arraiján, donde expresa su inconformidad con los directivos de la Gran Terminal de Albrook y los transportistas, quienes se han dedicado a la tarea del chantaje y amenazas al Gobierno para exigirle la crucifixión de los denominados "piratas", lo que afecta en gran medida a los usuarios.
El documento, que lleva la firma del presidente de la fundación, Dagoberto Franco, y el secretario de divulgación, Rubén Darío Guerra, expresa que el Decreto 451, que le sirve de escudo a los transportistas del sector Oeste, es a su juicio mal interpretado.
"Sólo se puede considerar ilegal el hecho de que un taxista se dedique a transportar pasajeros desde la ciudad hacia el sector y viceversa, de manera continua, pero no es ilegal que un transportista selectivo, al momento de dirigirse hacia su hogar aproveche para llevar pasajeros vecinos que contribuyan con la gasolina", señala el comunicado.
Explica la nota que resulta curioso que el conflicto de la supuesta piratería se dé en el sector Oeste. Respondiendo a esta aseveración, el documento precisa que esta situación obedece a que los transportistas del sector no están prestando un servicio eficiente para suplir el aumento desmesurado de la población en Arraiján, que ha pasado a hacer el tercer distrito más poblado a escala nacional.
Agrega que los usuarios se ven obligados a buscar otras alternativas para resolver el problema del transporte diario, de allí que los supuestos taxis piratas empujados por la necesidad de los afectados brindan el servicio. En la nota, la organización recomienda al Gobierno nombrar una comisión de alto nivel que haga un estudio serio y científico del problema.