En estos términos (colapsada, ineficiente e ineficaz) se pronunció recientemente el gremio de abogados refiriéndose a cómo está la administración de justicia en nuestro país, al tiempo que recomendaba la salida inmediata de Kenia Isolda Porcell, de la jefatura del Ministerio Público, sencillamente porque el sistema judicial no puede estar al mando de funcionarios que se prestaron para cometer las arbitrariedades y las violaciones a los derechos fundamentales como nunca antes se había registrado.

Mucho tiempo transcurrió para que se diera el pronunciamiento del gremio de abogados, desde que la jefa del Ministerio Público anunció su dimisión al cargo, luego de desatarse el escándalo de los "Varelaleaks", que revelaron las conversaciones vía redes sociales entre el expresidente Juan Carlos Varela con sus más cercanos colaboradores, donde dejaba entrever la conspiración y el complot que alguna vez se pensó había sido superado.

Para muestra un botón, de acuerdo a estas filtraciones, existe una conversación entre el entonces jefe de la Policía Nacional, Omar Pinzón, y el exmandatario, donde el uniformado le explica que contra mi persona no existe ningún impedimento para mantenerme secuestrado en la cárcel, pero "yo lo tengo retenido hasta que le encuentren algo", le promete Pinzón al entonces gobernante.

Pinzón y Varela cometieron un desacato a la orden judicial de 27 de junio de 2017 del Juzgado Décimo Cuarto de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá, en la cual ordena "sea puesto en inmediata libertad siempre y cuando no mantenga otra causa pendiente, el señor Riccardo Francolini Arosemena", orden firmada por la juez Vilma Urieta.

Quién pensaría que el jefe de una institución cuyo lema "Proteger y Servir" , que debería ser el guía y el mandato a seguir en beneficio de todos los ciudadanos, se convertiría en el promotor de graves violaciones a la ley, tal como lo establece el Código Penal en el artículo 154 que reza así: Quien esté encargado de la dirección de un centro penitenciario y admita a una persona en él, sin orden escrita de la autoridad competente, o desobedezca o retarde indebidamente la orden de ponerla en libertad será sancionado con prisión de uno a dos años o su equivalente en días multa o arresto de fines de semana.

Por esta y otras razones más es que coincidimos con el planteamiento hecho público por el Colegio Nacional de Abogados "de la necesidad urgente de hacer profundos cambios en la administración de justicia en Panamá, al tiempo que le exige a las actuales autoridades una ruta a corto, mediano y largo plazo para dar a conocer cuáles serán las políticas públicas para reconstruir la justicia". Es cierto, el sistema judicial colapsó por culpa de personas que se dedicaron a manipular la justicia con el respaldo de los propios operadores.

No hay duda que en los últimos años vivimos un estilo de terrorismo judicial auspiciado por un Órgano Ejecutivo que lo único que buscaba era saciar su sed de venganza y la complicidad de algunos medios de comunicación que se colocaron al servicio del poder Ejecutivo para recibir posteriormente prebendas y privilegios a cambio de contribuir con aquellas campañas sucias y tendenciosas en la destrucción de hogares, familias y reputaciones de aquellas personas perseguidas políticamente.

Quiero dejar claro que el escándalo de los "Varelaleaks", no solamente revelaron una política de terrorismo, extorsión, sadismo, conspiración y destrucción de los tres poderes del Estado, nos han hecho ver que hay un grave problema en nuestra sociedad bífida producto de egoísmo y de una mente perversa. El hecho de denunciar estas arbitrariedades cometidas por un gobierno nos ha llevado a ser atacados nuevamente con tal de colocarnos como victimarios; sin embargo, estoy seguro que la ciudadanía ya entendió quiénes son los que atentan contra la libertad de expresión, en contra de los derechos humanos y de nuestra Constitución Nacional.