Simpatizantes sandinistas protagonizaron hoy disturbios en Managua en un intento por impedir a un grupo de diputados opositores celebrar una sesión para anular un controvertido decreto aprobado por el presidente, Daniel Ortega.
Tras impedir a los diputados opositores entrar en la Asamblea Nacional, grupos de seguidores de Ortega lanzaron bombas artesanales contra el hotel al que se trasladaron los legisladores para celebrar su sesión plenaria, en ausencia de los parlamentarios sandinistas.
En esa reunión, los legisladores de oposición acordaron iniciar el proceso para anular un decreto presidencial, aprobado en enero, que prorroga el mandato de varios cargos de diferentes poderes del Estado, pese a que esa competencia corresponde al Parlamento.
La directiva parlamentaria, integrada por siete miembros y con la ausencia de los legisladores sandinistas, envió la iniciativa a la Comisión de Justicia, confirmó a Efe el presidente de esa instancia, el liberal José Pallais, quien adelantó que convocará a sus doce integrantes para discutir el asunto mañana.
"La meta que tengo es que esa iniciativa se discuta ante el pleno cuanto antes", indicó Pallais, quien denunció haber sido agredido, junto a sus colegas liberales Óscar Moncada y Ulises Alfaro, por simpatizantes sandinistas que los atacaron con piedras y adoquines a la salida del hotel.
Por su parte, el presidente del Parlamento, el sandinista René Núñez, dijo a los periodistas que el pleno celebrado en el hotel en medio del asedio de los simpatizantes de Ortega, "no tiene validez" porque la directiva del Legislativo no se puede "autoconvocar" en otro lugar, y que esa competencia le corresponde a él.
Los sindicatos sandinistas convocaron hoy a una marcha a la sede del Legislativo para demandar a los diputados opositores que desistan del proyecto de dejar sin efecto el decreto presidencial.
Los seguidores oficialistas, incluidos trabajadores del Poder Judicial encapuchados, también demandaron ante el hotel, donde se desplegó la fuerza antidisturbios para impedir que irrumpieran en su interior, que la oposición acepte un fallo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema que el viernes pasado declaró legal el decreto.
La manifestación fue encabezada por los magistrados sandinistas Rafael Solís y Armengol Cuadra, cuyo período en esos puestos venció el 11 de abril pasado y que firmaron el fallo de la Corte Suprema en una reunión celebrada en ausencia de los magistrados liberales, que representan la mitad de los titulares de la Sala Constitucional.
La oposición desconoce dicho fallo porque Solís y Cuadra habían concluido el periodo para el que habían sido designados.
Los manifestantes se trasladaron en autobuses del Parlamento al hotel, situado a unos tres kilómetros, al enterarse de que los diputados opositores intentaban reunirse en ese lugar, y fueron desalojados por las fuerzas antidisturbios con bombas lacrimógenas.
El Parlamento nicaragüense funciona a medio desde octubre pasado, cuando comenzó a gestarse la actual crisis, después de que los magistrados sandinistas de la Corte Suprema declararon inaplicable el artículo constitucional que prohíbe la reelección presidencial consecutiva y limita a dos el número de mandatos.
Ese fallo, dictado por la Sala Constitucional en una sesión celebrada en ausencia de los magistrados liberales, que fueron sustituidos por sandinistas, fue criticado por la oposición, que entonces prometió unirse para contrarrestarlo.
Ahora, los sandinistas acusan a la oposición de boicotear el trabajo del Ejecutivo, a lo que estos responden que Ortega quiere instaurar una "dictadura".
En lo que va de año, los diputados sólo han conseguido aprobar una ley -para defender a los morosos de sus deudas con los bancos-, cuatro decretos y una resolución, sin carácter vinculante, sobre el polémico decreto presidencial, según la secretaría legislativa.
La crisis institucional nicaragüense alcanzó de pleno la semana pasada a la Corte Suprema de Justicia, donde magistrados sandinistas y liberales se tildaron mutuamente de "matones" y hasta se dieron ultimátums para abandonar las oficinas de ese poder del Estado.
