Organizaciones sociales y entidades empresarias y sindicales de Argentina expusieron hoy sus posturas sobre el proyecto de la nueva ley de medios audiovisuales, en la primera de las tres audiencias públicas previstas esta semana para la discusión de esta polémica iniciativa.
Más de 40 oradores participaron en la sesión convocada en un anexo de la sede del Parlamento, que se llevó a cabo sin la presencia de legisladores opositores, quienes rechazan "la metodología" de las audiencias, aseguró la diputada Silvana Giudici, de la Unión Cívica Radical.
"Todavía esperamos que el oficialismo nos convoque para discutir el mecanismo de las audiencias. Todo se ha hecho de forma vertiginosa", destacó la legisladora en tácita alusión al supuesto apuro del Gobierno en aprobar rápidamente la nueva Ley de Comunicación Audiovisual.
Abrió la sesión Néstor Busso, titular de la Federación Argentina de Radios Comunitarias, quien apoyó el proyecto oficial que, según subrayó, "ha sido producto de un amplio debate".
"Quienes dicen que hace falta más debate hoy no están aquí", dijo en referencia a la oposición, a la que acusó de defender la ley a la que se pretende sustituir con esta iniciativa, que data de la última dictadura militar (1976-1983).
También expresó su apoyo al proyecto Gustavo Granero, secretario de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, al destacar la necesidad de aprobar una ley que "ponga los medios al servicio del pueblo y no de las corporaciones".
En la misma línea, Diego Boris, representante de la Federación Independiente de Músicos, valoró "aspectos positivos" de la iniciativa pero reclamó que la música sea incorporada entre las actividades artísticas destinatarias de fondos.
Eleonora Ravinovich, de la Asociación por los Derechos Civiles, juzgó "necesario e impostergable" la discusión de esta ley, mientras Luis Castro, de la Cámara Argentina de Anunciantes, celebró que se defiendan "los contenidos nacionales".
Los legisladores comenzaron el jueves pasado los debates en comisión de esta nueva ley, que afecta a los intereses de grandes conglomerados de medios de capital nacional y extranjero, principalmente español, mexicano y estadounidense.
Buena parte de la oposición reclama que la iniciativa sea analizada por el Parlamento después del 10 de diciembre, cuando el peronismo gobernante pierda la mayoría propia tras su derrota en las elecciones legislativas de junio.
Uno de los puntos polémicos de la normativa establece que las empresas pueden tener hasta 10 licencias de radio y televisión, 14 menos que el límite actual.
La iniciativa gubernamental ratifica el criterio vigente de un 30 por ciento de inversión extranjera como tope en el sector, mientras que las principales fuerzas de la oposición afirman que se trata de imponer "una mordaza" a los medios de comunicación.
Grupos opositores de centroizquierda condicionan su apoyo a la eliminación de cláusulas que, en su opinión, benefician a las compañías telefónicas, al permitirles competir por medio del llamado "triple play" (servicio integrado de telefonía, Internet y televisión).
También exigen que la autoridad de regulación de la radiodifusión no dependa del Poder Ejecutivo, sino de un organismo independiente que represente proporcionalmente a las fuerzas políticas mayoritarias.
