A pocas horas para que el presidente Juan Carlos Varela firme el polémico decreto que congela el precio de 22 productos de la canasta básica de alimentos, el ministro designado del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida), Jorge Arango, consideró la medida como apresurada producto de la efervescencia política del momento.
Es un tema que “nos afecta más emocionalmente que económicamente”, expuso Arango en declaraciones dadas a Telemetro, refiriéndose a que no existen las estructuras necesarias para convertir en realidad la promesa. “Personalmente tengo un punto de vista y no es el de la mayoría, pero creo que en el calor de la campaña nos apresuramos en fijar algunos productos”, dijo.
El temor que ahora emerge de uno de los miembros del gabinete con experiencia en la producción de pollo, carne y productos agrícolas se suma a la preocupación planteada por grupos económicos.
El planteamiento de Arango aterriza lo planteado por los grupos que desconocen la forma cómo se les devolverá $58 en efectivo a los panameños sin que esto represente un sacrificio para los que forman parte de la cadena de producción de alimentos.
El productor aseguró que es difícil concretar la cifra porque no todos compran los mismos productos. Pero en medio de su escepticismo, decidió “agarrar el toro por los cachos” con la esperanza de obtener resultados a través de “cambios en el sistema y decisiones duras en el sector”.
Para acercarse al cumplimiento de la promesa el equipo involucrado armó una estrategia que a modo de experimento busca acercarse a la promesa.
Arango anticipó que los cambios no se verán en el primer mes, pero irán encarrilados a producir el doble y en darles valor a los productores. Hizo pequeños adelantos sobre la fórmula que utilizarán en los primeros seis meses de vigencia del decreto.
La primera medición de la efectividad de la medida se hará a los tres meses, y posteriormente a los seis. “Si en ese tiempo no hay resultados, entonces nos vamos para la casa”, dijo.
Mientras se desarrolle el experimento no se suspenderán las conocidas “jumbo ferias”, se educará al consumidor para acabar con el “juegavivo” y habrá acercamientos periódicos con los agricultores para promover la producción. Lo último con la garantía de que la producción local tendrá prioridad estatal. Para eso habrá subsidios principalmente para los arroceros.
El ministro designado del Mida habló de sacrificios conjuntos, con la confianza de que a largo plazo se tengan mejores resultados con el uso de los centros de poscosecha que tiene la Cadena de Frío y se logre controlar la importación. “Hay que producir y decirles a los productores que se deben cambiar las reglas del juego porque a largo plazo tendremos mejores resultados. Bajar el precio de la vida es mentira, pero vamos a trabajar de la mano y con la honestidad más grande”, manifestó.
Arango aprovechó para compartir su experiencia en calidad de productor: “El costo más alto que tenemos los productores es tener el producto terminado y no poderlos vender. Y por otro lado, la inversión se ha descapitalizado o te lo quieren comprar más barato. La cosa es coger el toro por los cachos y decir ‘se acabó el relajo, el amiguismo que está minando este país’”, indicó.
En la lista de productos está el huevo, arroz, carne y leguminosas, entre otros.
El ambicioso proyecto y punta de lanza de la campaña del presidente Juan Carlos Varela de congelar el precio de 22 productos de la canasta básica de alimentos surgió a la par de una serie de cuestionamientos que involucran a los sectores relacionados con el tema como productores, comerciantes y propietarios de cadenas de supermercados. Los implicados desconocen la gota de sacrificio que tendrán que asumir para materializar la promesa.
Las inquietudes incluyen el desconocimiento de los métodos y políticas comerciales que garanticen la sostenibilidad del congelamiento de los productos sin que se afecte al resto.
Por ejemplo, el Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), a cargo de Aida Ureña de Maduro, vaticina que la intención incluirá otras aristas que impedirán que se cumpla con el propósito de controlar los precios basado en que “la medida no es sostenible y podría acarrear un incremento en el resto de los precios de los productos”. El SIP propone inyectar al agro para producir alimentos más baratos.
En ese sentido, el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura (CCIAP), José Luis Ford, buscó acercamientos con los promotores de la iniciativa, pero tendrán que esperar hasta hoy que se firme el decreto para conocer las reglas del juego. En reiteradas ocasiones, Ford propició reuniones con el equipo de Varela para desahogar dudas, pero hasta ayer no hubo acercamiento.
A agrupaciones como la Asociación Nacional de Ganaderos, Asociación de Productores de Tierras Altas, Asociación de Avicultores de Panamá y de la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá los abriga la misma inquietud.
Consultados por Panamá América, representantes de las asociaciones revelaron que horas antes de la toma de posesión aún se mantenían reuniones informativas con algunos sectores, pero sin que se despejaran las dudas de cómo será la estrategia y márgenes de ganancias para los comerciantes de supermercados.
