- 6 años de prisión es la pena máxima para el delito de usurpación de identidad.
Seguimiento de las cuentas de la sociedad civil
- Documento que prueba cómo el ‘call center’ de Varela monitorea a figuras de la sociedad civil como Miguel Antonio Bernal y el Suntracs.
@PanamaAmerica
Las operaciones clandestinas del call center que trabaja a favor del presidente Juan Carlos Varela van más allá de la falsificación de identidades con fotografías de extranjeros.
También están haciendo uso de personajes de la política criolla para crear perfiles y cuentas falsas.
Una investigación de este medio puso al descubierto que el centro de llamadas clandestino estaría operado por funcionarios nombrados apenas Varela tomó posesión del cargo, asignados a atacar a los opositores del actual gobierno, principalmente al expresidente Ricardo Martinelli.
Entre ellos figuran Carlos Chen, alias el “Chino Ken”, quien sería el cabecilla principal junto a otros dos funcionarios también nombrados en la Presidencia de la República: Jaime Lokan y Vladimir Polo.
Uno de los ejemplos locales de cuentas falsas con identidades de personajes de la política criolla es la creada recientemente bajo el nombre de Marta Martinelli, haciendo referencia a la ex primera dama.
El vocero del expresidente Ricardo Martinelli también es una de las víctimas del call center de Varela, con la cuenta falsa @camachocastrao.
A la lista de víctimas se suman los exministros Alma Cortés, Guillermo Ferrufino y el excandidato presidencial José Domingo Arias.
Hasta ahora, las autoridades, entre ellas el Ministerio Público (MP), no se han pronunciado sobre la operación de este call center, cuyos integrantes podrían estar cometiendo varios delitos como usurpación de identidades mediante las redes sociales.
El centro de llamadas también hace un reporte diario de las cuentas de los líderes de la sociedad civil, entre ellos el abogado Miguel Antonio Bernal y el Suntracs.
El informe mide las veces que el presidente Juan Carlos Varela es mencionado por una de estas personas en sus redes sociales, según confirmó este medio (ver gráfica en la siguiente página).
Recursos estatales
Adicional a este sistema coordinado de política sucia por las redes sociales, la gestión de Varela también ha manifestado su urgencia por tramitar más recursos para “fortalecer” las labores del Consejo de Seguridad Nacional.
La estrategia es la creación de un “fondo rotativo discrecional”, que será manejado por el Consejo de Seguridad Nacional, el cual serviría también para comprar equipos tecnológicos.
“¡Este dinero que Varela está destinando es pura excusa para pinchar!”, reaccionó el constitucionalista Miguel Antonio Bernal.
El también vocero de la sociedad civil afirmó que, “so pretexto de la seguridad nacional”, Varela intenta conseguir más recursos para darle seguimiento a sus adversarios.
“Los servicios de inteligencia del Estado deben usar casualmente lo que les hace falta: inteligencia, y no andar en la sapería y la injerencia en asuntos personales”, sentenció Bernal, quien también es una de las víctimas del call center de Varela.
“Deberían estar presos en La Joya por violación al derecho a la intimidad”, concluyó Miguel Antonio Bernal.
Otro de los afectados por estos delitos informáticos fue el exfiscal auxiliar Neftalí Jaén, quien decidió cerrar su cuenta en Twitter (@NeftaliJaen, con 3,000 seguidores).
“Tuve que cerrarla porque a través del call center los ataques con divulgación y difamación eran masivos, pero con cuentas falsas”, denunció el jurista.
Opinión. Libertinaje de expresión, Neftalí Jaén - abogado penalista
En Panamá no hay libertad de expresión, sino libertinaje de expresión.
Aquí, cualquiera te difama en las redes sociales y tú no tienes mecanismo legal para recurrir contra esto, porque la legislación penal, en los temas de calumnia e injuria, es una legislación bastante obsoleta. De tal suerte, que aquí se tiende a premiar el libertinaje de expresión.
En teoría, nadie puede utilizar la imagen de otra persona para divulgar información en las redes sociales. Eso está prohibido, al menos que fuera estrictamente para un hecho noticioso. Y al margen de esta carencia de regulación, las redes sociales en Panamá están afectando a ciudadanos que no tienen mecanismo para hacer valer sus derechos.
Por otro lado, hay que determinar si en efecto la actual gestión está haciendo uso indebido de los recursos. Eso hay que probarlo. Y para ello se necesitan peritajes del Ministerio Público (MP) dirigidos por personal con experiencia forense.
El MP es el idóneo para esta labor, a fin de evitar que a través de las oficinas públicas se estén utilizando correos masivos y redes sociales -con fines políticos- para afectar la honra de los ciudadanos.
