La Contraloría General de la República presentó ante el Ministerio Público una denuncia penal por posibles delitos contra la Administración Pública, tras detectar presuntas irregularidades en una auditoría relacionada con el contrato suscrito entre el Estado panameño y Panama Ports Company, S.A. (PPC).
Según la entidad, la denuncia fue presentada el 17 de noviembre, a través de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica de la Contraloría, para que el Ministerio Público investigue los hechos identificados y determinen si existen responsabilidades de carácter penal.
La acción incluye a quienes fungieron como miembros principales y suplentes de la Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) entre 2014 y 2023, así como a quienes ocuparon el cargo de administradores generales de esa institución durante dicho período y a la sociedad Panama Ports Company, S.A. Los posibles hallazgos están contenidos en el Informe de Auditoría Financiera y de Cumplimiento relacionado con el Contrato Ley No. 5 del 16 de enero de 1997, suscrito entre el Estado panameño y PPC, así como con sus respectivas adendas.
La auditoría abarcó el período comprendido entre el 2 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2024, y evaluó, entre otros aspectos, las cifras presentadas en los estados financieros de la empresa y el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato y sus modificaciones.
De acuerdo con la Contraloría, se identificaron posibles irregularidades y hechos que podrían constituir delitos contra la Administración Pública, razón por la cual la Contraloría puso a disposición del Ministerio Público la información y documentación correspondiente.
La institución recordó que los servidores públicos tienen la obligación de comunicar a las autoridades competentes aquellos hechos que, en el ejercicio de sus funciones, puedan revestir características de delito. Corresponderá al Ministerio Público investigar los hechos denunciados y determinar si existen responsabilidades penales y quiénes serían los posibles responsables.