Empresa francesa hará "auditoría integral" a la mina de Cobre Panamá
La auditoría "representa un mecanismo indispensable para que el Estado cumpla con su responsabilidad en la sostenibilidad del uso de los recursos naturales.
La auditoría "representa un mecanismo indispensable para que el Estado cumpla con su responsabilidad en la sostenibilidad del uso de los recursos naturales.
Aunque el futuro del proyecto es una responsabilidad exclusiva de Panamá, expertos ponderaron los beneficios de esta industria a la economía.
El Ministerio de Ambiente inició la licitación de una auditoría integral al proyecto.
Este medio, a través del portal Panama Compra, pudo constatar que MiAmbiente adjudicó a la empresa SGS Panamá Control Services INC., este proceso.
El llamado de Rivera se da debido a la precaria situación económica que enfrentan las comunidades aledañas.
Dicha revisión, incluye tanto el contrato original y la prórroga otorgada posteriormente por un periodo de 25 años.
Los gastos operativos de la entidad superan los 23 millones de dólares, por ello, se recomendó su transformación en un instituto de fomento a los productores.
El precio de referencia para el contrato era de $600,000.36, mientras que la empresa seleccionada presentó una oferta de $539,791.46.
El pasado mes de mayo, se autorizó a la empresa Cobre Panamá iniciar con el plan de preservación y gestión segura de la zona.
La Contraloría señaló se realizarán todas las diligencias necesarias y se contará con la colaboración del personal del Tribunal Electoral.
El Ministerio de Salud realiza una auditoría del proyecto, que estuvo varios años detenido. Luego presentará la denuncia respectiva al Ministerio Público.
Con esta nueva remisión, el número total de Juntas Comunales auditadas durante el período 2019–2024 asciende a 36.
La Contraloría entregó hoy al Ministerio Público ocho informes de auditoría que reflejan graves irregularidades en el uso de fondos públicos.
Se trata de un equipo rotativo hidráulico modelo GEFKO 50k, valorado en 3.5 millones de dólares.
Las fiscalizaciones al uso de sus fondos continuarán.
La auditoría fue solicitada por la ministra de Educación, Lucy Molinar, y abarcará el período comprendido entre julio de 2019 y junio de 2024.
Estos funcionarios tendrán que comparecer ante el Ministerio Público para justificar sus funciones y comprobar su asistencia al trabajo.
El gremio instó a todos los funcionarios a que cooperen plenamente con la Contraloría, ya que es honesto no ve la transparencia como una amenaza.