Defensoría del Pueblo: 2,119 privados de libertad han sido contagiados por la COVID-19
Para la Defensoría del Pueblo es preocupante esta situación a nivel nacional, sobre todo porque ya se ha anunciado la reapertura de visitas.
Realidad de las cárceles panameñas
Unos 2,119 reos de las diferentes cárceles del país han sido contagiados por la COVID-19, según un informe de la Dirección de Privados de Libertad (PRILI) de la Defensoría del Pueblo.
El Centro Penitenciario La Nueva Joya encabeza la lista con 379 contagiados; le sigue el Centro Penitenciario de Santiago con 313 contagiados y una defunción; mientras que en tercer lugar está el Centro Penitenciario de Chiriquí con 252 contagiados y una defunción.
El Centro Penitenciario de Chitré cuenta con 238 casos de contagios registrados y el Centro Femenino de Rehabilitación con 218 contagiadas.
Dentro de los centros penitenciarios con mayores casos, también está el Centro Penitenciario de Las Tablas con 151 contagios; el Centro de Detención de Tinajitas contabiliza 150; el Centro Penitenciario El Renacer registra 130 contagiados y el Centro Penitenciario de Aguadulce 110 privados de libertad contagiados.
Además, presentan registros de casos: el Centro Penitenciario La Joya con 63 contagios y 1 defunción; el Centro Penitenciario Nueva Esperanza con 32; el Centro Penitenciario la Joyita con 30 y un registro de defunción; el Centro Penitenciario de Bocas del Toro con 21; el Centro de Transición de La Chorrera con 16; el Centro de Transición de Tocumen con 15 y el centro Penitenciario Los Algarrobos con un solo caso registrado.
Este informe se basa en visitas e investigaciones hechas por el personal de la Defensoría del Pueblo, en la semana correspondiente del 19 al 24 de septiembre, por lo que podría estar cambiando de acuerdo a la evolución y comportamiento del virus dentro de las cárceles.
“Es preocupante esta situación a nivel nacional, sobre todo porque ya se ha anunciado la reapertura de visitas y si no se garantiza un real programa de bioseguridad, esto podría ser peor, no solo para los reclusos, también para sus familiares y abogados”, destacó el Defensor del Pueblo al conocer de este informe.