Descuentos a jubilados podría impactar a las pequeñas empresas

El recién aprobado proyecto de Ley 266, que amplía los descuentos y beneficios para jubilados y adultos mayores, representa un alivio para este segmento de la población, pero también plantea desafíos sobre quién asumirá el costo de estas medidas, especialmente en el caso de las micro y pequeñas empresas.

El economista Reyes Arturo Valverde señaló que el crecimiento de la llamada economía plateada, asociada a las actividades económicas generadas por la población adulta mayor, obligará al sector empresarial panameño a adaptarse a un segmento de mercado cada vez más relevante. Entre las áreas con mayor potencial de demanda están salud, medicamentos, hospitalización, restaurantes y entretenimiento.

Valverde explicó que el aumento de la esperanza de vida hará que los jubilados representen una proporción cada vez mayor del mercado. A su juicio, los descuentos dirigidos a este grupo deberían formar parte de una política económica que también tome en cuenta la capacidad de las empresas para asumir el costo de estos beneficios.

Uno de los principales puntos de preocupación está en las microempresas. Según el economista, este segmento representa alrededor del 76.9% del tejido empresarial panameño y todavía enfrenta las consecuencias de la pandemia, período en el que se perdieron 6,061 microempresas, además de registrarse una reducción aproximada de 910 millones dólares en ventas y de 64.5 millones dólares en beneficios netos.

El experto también advirtió que las empresas podrían buscar mecanismos para compensar el costo de los descuentos mediante ajustes en los precios de productos y servicios. De concretarse este escenario, parte del impacto económico de la medida podría trasladarse indirectamente a los consumidores.

Ante este panorama, Valverde considera que las alternativas para reducir la presión sobre el sector empresarial son limitadas y plantea que las políticas relacionadas con los descuentos a jubilados deberían evaluar cómo distribuir el costo entre el Estado, las empresas con mayor capacidad financiera y los consumidores de mayores ingresos.

El debate también se ha trasladado al ámbito legislativo y empresarial. Algunas agrupaciones han solicitado el veto parcial del proyecto, mientras que dirigentes de jubilados defienden la iniciativa.

Guillermo Cortés, dirigente del Movimiento Mundo de Jubilados y Pensionados de Panamá, sostuvo que el proyecto cumplió con las formalidades correspondientes y recordó que durante su discusión participaron representantes de sectores como la Cámara de Comercio, la Asociación de Hoteles y otras industrias. Por ello, espera que la iniciativa se convierta próximamente en ley de la República.

En contraste, el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), Aurelio Barria hijo, indicó en un medio local que solicitará el veto de la ley que amplía los beneficios a jubilados y adultos mayores. El gremio también espera que se instale una mesa de diálogo que permita evaluar el impacto económico que tendría la medida sobre las empresas.