Con la adjudicación de terrenos asignados al hospital Nicolás Alejo Solano (HNAS) a un particular, el más grave daño que se le hace a la población de Panamá Oeste es despojarla de tierras cuyas dimensiones y ubicación son perfectas para el desarrollo planificado de proyectos de envergadura nacional o regional.

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Entre estos figuran una ciudad gubernamental, el hospital de tercer nivel, un centro materno infantil, la facultad de Medicina o un centro polideportivo.

Por esta razón, el abogado Raúl Ossa, dirigente de la Coordinadora Ciudadana de La Chorrera, le hizo un llamado vehemente al presidente Laurentino Cortizo, a la ministra de Salud, Rosario Turner, y al director de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati), José Gabriel Montenegro, para que no le den la espalda a la justa reclamación que hacen los residentes de este distrito por los terrenos.

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Esto para garantizarle a la comunidad, con acciones oportunas, que el valioso inmueble será defendido, rescatado, protegido y bien usado por parte del Gobierno Nacional, indicó el abogado Ossa.

El jurista está seguro que las actuales autoridades, con responsabilidad y planificación, tomarán las decisiones más convenientes a los mejores intereses del país y la provincia de Panamá Oeste.

Recursos

Ante las situaciones que se han dado con los terrenos del Nicolás A. Solano, el jurista señaló que como organización han presentado una denuncia formal ante el Ministerio Público (MP), con la cual se ha iniciado una investigación que, según él, debe conducir hacia futuras audiencias en el Sistema Penal Acusatorio (SPA).

Agregó que sumado a esto, también han presentado una petición formal de revocatoria de la resolución del 11 de abril de 2019, con la cual se le cedieron las tierras del hospital de La Chorrera a Francisco de la Cruz.

Acotó que el pasado 2 de julio de 2019 se apersonaron a la Anati y fueron atendidos por el secretario general, Víctor Vergara, para mostrarle su preocupación sobre esta situación, y el mismo les dio la certeza de que esta nueva administración haría las investigaciones de rigor sobre el tema.

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Ossa añadió que el artículo 62 de la Ley 38 del año 2000 establece que por reglas generales, las resoluciones administrativas como las que emitió la Anati son irrevocables, salvo si se falsea a la verdad para hacerse con un bien, tal como ocurrió en el caso de las tierras del nosocomio Nicolás Solano.

El dirigente agregó que el daño económico que se le está haciendo a la nación es grave, ya que un bien inmueble cuyo valor de mercado está en alrededor de $200 el metro cuadrado, la Anati lo remató a $4.50, lo que causó la rebatiña que se ha dado por estas tierras.