Entre ensayo y error, las mejoras al sistema de transporte público en Panamá podrían terminar costando a las arcas del Estado cerca de 500 millones de dólares más. Incluso, el panorama pinta que se seguirá echando mano en vano al fisco, ante las contradicciones e improvisación del actual Gobierno para tratar de resolver la crisis en el sistema de transporte.
Bajo la administración del expresidente Ricardo Martinelli se invirtieron en la concesión del contrato, indemnización a los transportistas, infraestructuras y subsidios un poco más de $500 millones. La cifra se repetiría si el gobierno de Varela decide abortar el proyecto de modernización y comprar el 100% de las acciones de Mi Bus, decisión que es cuestionada por los usuarios y expertos en tema de transporte, ya que consideran que el Gobierno debió iniciar un proceso que no involucre una indemnización, porque la empresa no cumplió con la frecuencia y la cantidad de buses en circulación.
El desglose oficial de la inversión que se inició en 2010 a cargo del exministro de la Presidencia Jimmy Papadimitriu, quien fue asesor de la campaña presidencial de Varela, se encaminó con el fondo de estabilidad financiera o fideicomiso, que puso el Gobierno para garantizar la inversión de Mi Bus por $246.8 millones.
Le siguen los $100 millones en indemnización a cerca de 3,000 permisos de operación de buses que operaban en rutas troncales, otros $100 millones en los terrenos para patios y zonas pagas, $32 millones en la modernización del recaudo y los 110 millones de dólares que en concepto del subsidio del pasaje hizo el Gobierno a Mi Bus.
Los expertos vaticinan que la inversión para nacionalizar la empresa jamás estará por debajo de los $500 millones, considerando que el contrato establece un periodo de vida de 15 años, de los cuales solo se han agotado cuatro.
La consideración surge de la cláusula trigésima del contrato 21-10 del 5 de agosto de 2010, que así lo establece sobre el procedimiento indemnizatorio en caso de rescate administrativo.
En caso de producirse el rescate administrativo de la concesión, el concesionario recibirá del Estado por concepto de indemnización un monto que será determinado por la vía de la valorización de la empresa.
También establece que a partir de todos los parámetros que sean necesarios considerar, como por ejemplo, flujos de cajas estimados por el remanente, inversiones realizadas, los bienes depreciados, los montos no amortizados y los compromisos adquiridos, se desprende en el contrato.
Con un presupuesto estatal llamado a la contención del gasto, hay quienes creen que el Gobierno tiene herramientas legales que obligan a la concesionaria a cumplir con el acuerdo sin necesidad de volver a invertir para evitar que sean unos pocos los beneficiados.
La dirigente y presidenta de la Fundación para Protección del Usuario, Esperanza Mena, presenta como alternativa la Ley 14 del 23 de mayo de 1993, que establece funciones a la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).
La cláusula 2 del Artículo 4 establece que corresponde a la ATTT garantizar la prestación del servicio de transporte remunerado de pasajeros con seguridad, eficiencia, comodidad, economía y responsabilidad. Se agrega en la cláusula ocho que la ATTT debe garantizar las concesiones respectivas a los transportistas para que brinden la prestación del servicio eficientemente.
Acción inoportuna
De allí que el abogado Candelario Santana no cree oportuna la reciente intervención del Ejecutivo en los reclamos laborales de los operadores de los metrobuses.
De inoportuna y extemporánea calificó Santana la acción del mandatario, considerando que a la fecha no existe una figura legal clara de lo que se pretende hacer con el contrato, y menos si el Estado no es el protagonista.
Es decir, el documento firmado por Varela para calmar el temor de los trabajadores de que no se les reconozcan sus prestaciones en caso de ser nacionalizada la empresa, solo tiene efecto moral, porque hasta que el Estado no sea el protagonista o haya recibido la empresa, no tiene por qué intervenir, reconoce el abogado.
El analista y comentarista Juan Carlos Tapia en su cuenta de Twitter cuestionó la acción de intervención presidencial. ¿La empresa Mi Bus es de empresarios colombianos o del Estado? Si no es del Estado, qué hacía el presidente negociando..., preguntó.
Seguido también dijo ¿Dónde está el ministro de Trabajo que es el que tiene que obligar a que la empresa Mi Bus cumpla con el Código de Trabajo?.
Sobre el manejo del tema y contradicciones, el comentarista agregó: el que quedó muy mal en este problema fue el ministro de Gobierno, que finalmente fue desmentido por su presidente.
Vuelven a soñar
Cuatro años conviviendo con un sistema mixto entre diablos rojos, metrobuses y piratas, los usuarios empiezan a abrigar una nueva esperanza.
Ayer, en el Palacio de las Garzas, se iniciaron de forma oficial las conversaciones entre la empresa y los operadores, donde según declaraciones del presidente Varela, se debe desahogar el futuro legal de la empresa. Hasta ahora la intención manifiesta es nacionalizar el servicio y ponerlo a disposición de uno o dos operadores que rendirán cuenta al Estado.
El reclamo generalizado de los usuarios se focaliza en que la empresa no debe ser indemnizada, porque en cuatro años no logró cumplir con el contrato aduciendo incumplimiento contractual. En abril presentaron un recurso arbitral por $75 millones.
La frase
- Se dijo que se iban a iniciar las conversaciones, y eso no ha empezado, se van a iniciar (ayer). En este momento el concepto de indemnización es de darse un convenio
Datos
- Adjudicación
El consorcio colombo - panameño Transporte Masivo de Panamá ofertó en la licitación pública que se hizo para adjudicarse el sistema, $269 millones y obtuvo un puntaje total de 97.3. El contrato tiene vigencia de 15 años.
- Alternativa
El pliego de cargos establece que en el rescate administrativo, la ATTT podrá nombrar un interventor en el evento de imposibilidad manifiesta del concesionario para continuar prestando el servicio. Según el ministro de Gobierno, Milton Henríquez, la empresa seguirá a cargo.
