Hacinamiento bajaría en cárcel de mujeres a final de año
Autoridades seguirán gestionando los apoyos legales para los detenidos, con el propósito de acelerar los trámites en el Órgano Judicial.
Mariela Jiménez, directora del Sistema Penitenciario, durante una de sus visitas al Cefere.
Reducir a 550 el número de reclusas en el Centro Femenino de Rehabilitación Cecilia Orillac de Chiari (Cefere) es la meta para finales de año, según informó, Ángel Calderón, secretario general del Ministerio de Gobierno.
Según Calderón, de los primeros 21 casos estudiados en el Cefere, 18, con las conmutaciones, no deberían estar allí.
Para las autoridades lo más importante es conseguir la libertad de los reclusos que ya cumplieron sus condenas o una tercera parte de ellas.
Las adecuaciones a los centros, asignación de personal y equipamiento iniciarán una vez terminé la primera fase del proyecto.
Brazaletes electrónicos, libertad condicional y rebajas de penas, son algunas de las alternativas a las que apelarán para reducir la aglomeración.
La prioridad la tendrán los casos de reclusos enfermos que además de haber cumplido su condena, han realizado trabajos de resocialización dentro del penal.
El primer requisito para conmutar una pena es que el recluso haya sido condenado.
Además de realizar trabajos comunitarios, estudios de provecho académico, y haberse desempeñado como instructor de cursos durante el cumplimiento de su pena.
No obstante, es importante señalar que inmediatamente la persona viole o incumpla la nueva medida impuesta regresará a la detención preventiva.
"No se puede premiar a una persona y darle una segunda oportunidad sí ya se la estás dando" señaló Calderón.
La ley establece, artículo 102 del Código Penal, que sólo se beneficiarán de este privilegio aquellos prisioneros considerados como "delincuentes primarios".
Un delincuente primario es aquel que no ha sido sancionado o sentenciado por autoridad judicial competente dentro de los últimos diez años.
Los programas de resocialización serán reestructurados, ya que, la pasada administración solo dejó 5 de los 37 que existían en 2012.
Para Calderón el problema está en que cada cinco años las nuevas autoridades desechan todo lo realizado e implementan otras estrategias sin tomar en cuenta su efectividad.
"Ahorita estamos partiendo prácticamente en negativo", indicó.
La junta técnica de este proyecto contará con psicólogos, psiquiatras, abogados y trabajadores sociales.
La semana pasada, 5 reclusas obtuvieron libertad por diligencia del Ministerio de Gobierno al verificar su cómputo de pena.
"Sólo piden nuevos comienzos. Un sistema que les permita encontrar su mejor versión", dijo la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo.
Cerca de 25,000 expedientes serán evaluados en el programa de revisión de penas puesto en marcha, el pasado miércoles 17 de julio, para disminuir la población presidiaria.
La problemática de hacinamiento en los centros penitenciarios es resultado de atrasos en los procesos de conmutación y mandamientos, lo que dificulta se realicen las audiencias de cumplimiento que generalmente tardan hasta tres meses.
En este sentido, el equipo de Gobierno trabajará mancomunadamente con el Órgano Judicial para acelerar los trámites y dar solución, a corto plazo, a la sobrepoblación existente a nivel nacional.