Panamá
Los obispos de la Conferencia Episcopal Panameña recomiendan revisar y reformar el Código Minero para adecuarlos a las prácticas de economía sostenible.
La minería y la política fueron los principales temas del comunicado de los obispos. Foto: Víctor Arosemena
Fiel a la posición que ha mantenido en sus últimos pronunciamientos, la Conferencia Episcopal Panameña (CEP) pidió a las autoridades que no otorguen más concesiones para exploración minera hasta que la norma marco de la actividad sea revisada y reformada.
Los obispos de la iglesia católico mencionaron que, a pesar de que el Gobierno firmó un nuevo contrato con Minera Panamá, “existen justificadas inconformidades de las comunidades, organizaciones y líderes ambientales que han advertido de los efectos dañinos para la salud de las personas y el medio ambiente”.
Consideran prudente que el Estado panameño respete el marco constitucional y normas internacionales que se han firmado, relativas a la protección de los recursos naturales.
La toma de decisiones de las autoridades es fundamental en este tema, dijeron los obispos, ya que tienen la responsabilidad de considerar el impacto de la minería en la tierra y las futuras generaciones.
“No escuchar el clamor del pueblo para avanzar en proyectos mineros que amenazan las fuentes de agua, la vida y el futuro de Panamá, es un grave error", registra el comunicado de la CEP, luego de su segunda asamblea ordinaria del año, que se efectuó esta semana.
A pesar de que el país solo conoce la mina de Cobre Panamá, el Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) detalla que hay otras 14 concesiones de minerales metálicos autorizadas.
De estas, cinco son de extracción, en Cerro Quema, provincia de Los Santos, y en los distritos de Cañazas y La Mesa, en Veraguas.
Varios sectores de Los Santos se han manifestado en contra de la activación del proyecto minero en esa provincia, en las últimas semanas.
La empresa solicitó una prórroga para continuar la concesión, la que se encuentra en trámite y, por otra parte, se resuelve una medida cautelar de secuestro proferido por un juzgado de Trabajo, que data de julio de 2022.
El secretario general de la Conferencia Episcopal, Manuel Ochogavía Barahona, afirmó que se requiere un trabajo de educación y empoderamiento de los actores sociales con vista a la defensa y cuidado de los recursos naturales.
“Estos son limitados, no son indefinidos y, por tanto, tenemos que pensar en cómo nos queda la casa, después que nos han llevado los minerales”, sostuvo.
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