Jueces de paz denuncian la estigmatización de sus funciones

Las acciones de los jueces de paz en Panamá no deben generalizarse porque acentúan la estigmatización. Este es el sentir de quienes ejercen estos cargos.

Bárbara Rodríguez, juez de paz de los corregimientos de Chepo y El Toro, en Las Minas (Herrera), recalca que actualmente hay mucha desidia y ataques. Señala que en parte se debe a que la gente repite, sin investigar y sin bases.

"La Ley 16 del 17 de junio del 2016 tendrá quizás algunos vacíos legales que deben modificarse, sí. Pero la real manzana de la discordia es que los alcaldes y representantes no nos quieren, porque restamos puestos a sus nombramientos políticos", dijo Rodríguez.

Recalca que antes había un corregidor por cada corregimiento, y ahora un juez atiende varios corregimientos, con el mismo salario.

Rodríguez rechazó los señalamientos del doctor Miguel Antonio Bernal, quien expuso que los jueces de paz son erráticos hasta decir no más, están creando problemas en lugar de resolverlos y deben reestructurarse.

"El señor Bernal menciona que no tenemos supervisión, o gozamos de autonomía legal, porque ninguna figura política descrita puede intervenir en los procesos legales de nuestros despachos. Ni dar contra o favor como antes se hacía, por favores políticos. Y esa autonomía a la que se refiere es totalmente legal, y se nos dio inducción para tal posición, y recibimos constantes capacitaciones", comentó.

Rodríguez indicó que cuentan con docencia continua, son asesorados por el Ministerio de Gobierno y Justicia, Procuraduría de la Administración, así como también reciben apoyo en entidades con las que trabajan, como  Ministerio Público, Fiscalía de Niñez, Juzgados de Familia, Mides, Senniaf, entre otros.

"Comparto que el juez de paz debe de ser un egresado universitario, y por su puesto debe ser licenciado en Derecho. Pero antes el corregidor era puesto de a dedo por los alcaldes y representantes. Y ni siquera estudios secundarios tenían", comentó.
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16

número de la ley de 17 de junio de 2016, que instituyó la justicia comunitaria de paz.

 

30

años es la edad mínima que se debe tener para ser juez de paz según la ley.

 

Según Rodríguez, el Órgano Judicial y otras instituciones nos los quieren porque le restan dinero a su plan presupuestario.

También recordó que el salario de la mayoría es por debajo del mínimo. Y no les brindan recursos, por lo que muchos trabajan en estructuras paupérrimas, con hostigamientos y hasta malos tratos.

"Mientras no alcemos la voz la fiebre no bajará. La gente seguirá repitiendo y repitiendo que los jueces de paz son malos porque cualquier Juan de los Palotes lo dice", manifestó Rodríguez.

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